A estas alturas ya nadie duda de que nuestra forma de trabajar ha cambiado profundamente, quizás para siempre. Mientras que antes de la pandemia la inmensa mayoría de trabajadores “de oficina” acudían a sus centros de trabajo, la llegada del coronavirus ha provocado que muchos de esos trabajadores desarrollen sus tareas desde los hogares. Esto es especialmente cierto en el caso de los empleos relacionados con las TIC donde, debido a sus especiales características, el trabajo se puede realizar de forma remota prácticamente con las mismas garantías que en un centro de trabajo sin más que unos ajustes iniciales.
Esta situación, que incluso puede parecer deseable por los beneficios que conlleva (menos atascos, reducción del tiempo perdido en desplazamientos, mejor conciliación de la vida laboral y personal, etc.) también entraña riesgos, tanto para las empresas como para los empleados. El teletrabajo constituye todo un reto a la hora de diseñar una política de seguridad, lo es en situaciones de normalidad, pero mucho más en escenarios de crisis similares al deparado por el COVID-19. En este escenario, el teletrabajo se adoptó en la mayor parte de los casos de modo improvisado, sin una política de seguridad previamente definida y debidamente evaluada.
La necesidad de trabajar desde casa ha provocado que muchos empleados tengan que utilizar sus propios ordenadores para conectarse a recursos de las empresas como puede ser la intranet o los ordenadores remotos donde el trabajador desarrollaba habitualmente sus tareas. El problema, además del hecho de que los ordenadores personales pueden no ser lo suficientemente potentes para realizar todas las tareas que se requieren en un entorno profesional, reside en que los departamentos de IT de las empresas no tienen control sobre lo que se instala en esos equipos personales, lo que les puede convertir en vectores de ciberataques, con el consiguiente aumento de la superficie de vulnerabilidad de las organizaciones. Virus, troyanos, gusanos, spyware, programas de tipo keylogger, backdoor o ransomware son solo algunos ejemplos de aplicaciones maliciosas que pueden infectar los ordenadores personales si sus usuarios no toman un mínimo de precauciones como por ejemplo utilizar software de seguridad avalado por revisiones públicas de expertos, navegar por internet evitando el acceso a páginas dudosas o a redes WiFi públicas no confiables. Por otra parte, debido a las situaciones de confinamiento vividas y la limitación de recursos tecnológicos en el hogar, es de suponer que en muchos domicilios los ordenadores hayan tenido que ser compartidos entre varios miembros de la unidad familiar. Dado que cada uno de ellos tiene, a priori, una cultura de ciberseguridad distinta y usa la tecnología para objetivos diferentes, esta práctica ha de ser considerada como un riesgo de seguridad adicional.
Un ordenador personal que haya sido comprometido se convierte en una de las vías de acceso a las empresas preferidas por los ciberdelincuentes, puesto que al potencial elevado número de dispositivos que pueden emplear (lo que es fundamental por ejemplo en ataques de denegación de servicio) se une la traslación de parte de la responsabilidad del ataque al usuario y la mayor dificultad en identificar el verdadero origen del ataque una vez este ha tenido lugar. Por todo ello, es fundamental promover unos hábitos saludables y responsables entre los trabajadores y ciudadanos en general, lo que podríamos denominar como buenas prácticas de ciberhigiene. En lo que respecta a las empresas, es necesario desplegar planes de continuidad de negocio que vayan más allá de la consideración de los escenarios habituales de interrupción de la actividad, de modo que integren la amenaza de la pandemia.
Existen diversas organizaciones que promueven el uso responsable de las tecnologías asociadas a internet y que, de forma habitual, publican información práctica que los usuarios pueden utilizar para protegerse. En España, podemos reseñar la labor realizada por el Centro Criptológico Nacional (CCN), que es el organismo responsable de garantizar la seguridad de las TIC en las diferentes entidades del sector público o el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que trabaja para mejorar el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, profesionales, empresas y sectores estratégicos.
Desde el punto de vista de la legislación, afortunadamente la Unión Europea se encuentra bastante avanzada en lo relativo a la privacidad y la protección a los usuarios, como lo demuestran el reglamento general de protección de datos (RGPD) o la recientemente implantada directiva PSD 2 para mejorar la seguridad de los servicios de pagos digitales. Sin embargo, de poco sirven estas iniciativas si los usuarios no prestan atención a las políticas de privacidad y uso o instalan aplicaciones que puedan acceder innecesariamente a recursos críticos de sus ordenadores o teléfonos móviles. Por ello, es importante que nos demos cuenta de que cada uno de nosotros somos algo más que usuarios de nuestros dispositivos: somos responsables del mantenimiento de su nivel de seguridad. En el mundo virtual debemos comportarnos al menos con el mismo nivel de responsabilidad que en el mundo real, ya que de esta forma evitaremos ser víctimas de ciberdelitos y conseguiremos que nuestros derechos como ciudadanos y consumidores de tecnología puedan ser convenientemente defendidos.
