McKinsey & Company ha presentado el informe ‘La identificación digital: clave para un crecimiento inclusivo’, en el que se analizan los beneficios y perspectivas de la implementación de la identidad (ID) digital a nivel global, diferenciando entre el impacto que puede tener en los países en vías de desarrollo o en las economías desarrolladas. Fundamentado en el análisis de casi 100 formas de uso de la identificación digital, destaca que en el mundo aún hay 1.000 millones de personas que no cuentan con ningún tipo de identificación y 3.400 millones sin huella digital -y, por tanto, sin identificación digital-.
El informe pone de relieve que, a diferencia de las identificaciones en papel -como los pasaportes o los permisos de conducir-, el ID digital se distingue porque su autenticación se realiza a través de un canal digital. Esto permite acceder a innumerables servicios y prestaciones sociales, fomentar el derecho a la información y al voto en elecciones, promover servicios financieros -créditos o inversiones- o potenciar la educación, entre otros. En este sentido, la capacidad de expedición de un ID digital no está limitada al sector público, ya que puede ser emitido tanto por un gobierno nacional o local como por un consorcio de organizaciones privadas o sin ánimo de lucro, o por una entidad individual. La definición de ID digital también se aplica independientemente de la tecnología utilizada para realizar la autenticación digital, que puede abarcar desde el uso de datos biométricos -como la huella digital o el iris de los ojos-, hasta contraseñas, PINs o dispositivos inteligentes -mayoritariamente smartphones-, códigos QR o tokens de seguridad.
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Generando oportunidades de crecimiento
La identificación facilita la generación de beneficios y la interacción de los individuos con empresas, gobiernos y otras entidades en seis roles bien diferenciados:
En España, el ID digital presenta un potencial de creación de valor especialmente en cuanto a la base salarial, las ayudas sociales y la eficiencia de inversión en capital
- Consumidores y proveedores de bienes y servicios: con el fin de simplificar el registro y la autenticación, hacer más seguros los pagos digitales y facilitar la identificación e-KYC (Know Your Customer) para servicios financieros.
- Trabajadores y empleadores: para facilitar la identificación del talento, verificar la experiencia de forma automática y hacer eficientes los servicios de nómina salarial.
- Microempresas, y consumidores, e instituciones de distinta naturaleza: con el objetivo de tener un registro formalizado del negocio, y una mayor seguridad en contrataciones y transacciones.
- Contribuyentes y beneficiarios, y proveedores públicos de bienes y servicios: para simplificar servicios de e-gobierno, facilitar la declaración digital de impuestos y favorecer el desembolso directo de las ayudas gubernamentales.
- Ciudadanos con conciencia cívica y gobiernos: con el propósito de facilitar el voto online, verificar las donaciones políticas y favorecer la matriculación escolar.
- Propietarios de activos, y proveedores de servicios relacionados con activos y compradores: para formalizar la propiedad de la tierra y facilitar compras y ventas.
Según estas consideraciones se estima que, en 2030, la identificación digital podría desbloquear de media un valor económico equivalente al 6% del PIB en las economías emergentes, mientras que en las economías desarrolladas podría alcanzar un valor económico de aproximadamente del 3% de media, asumiendo altos niveles de adopción y uso en múltiples sectores. En cuanto a España, el ID digital cuenta un potencial de creación de valor especialmente en la base salarial, las ayudas sociales y la eficiencia de inversión en capital, y en menor medida en la lucha contra el fraude, la asistencia sanitaria y el desempleo.
Hacia la implementación
Pero la generación de este valor no es automática ni segura, y estas tendencias necesitan una base material y unas condiciones previas que permitan el establecimiento del sistema de identificación digital. Para ello, es esencial que exista una infraestructura digital suficiente y un sistema eléctrico fiable, con un nivel óptimo de penetración de internet y de dispositivos conectados tales como smartphones y los servicios que estos generan.
Además, su implementación requiere unas políticas gubernamentales y un marco normativo que ofrezca garantías a las personas, proteja su privacidad y derechos, y establezca un entorno legal para su expansión y establecimiento. La base legal de la identificación digital tendrá que incluir una política que determine qué procesos se deben seguir para considerar legalmente autenticada una identidad, así como ser capaz de abordar riesgos sistémicos sobre sus usos indebidos.
