Ayer publicábamos la noticia de que el Gobierno ya ha aprobado la creación de un órgano que coordinará el proceso de racionalización de las diversas facetas de la política de Tecnologías de la Información y de Comunicaciones en todo el ámbito del sector público Administrativo Estatal, y que dependerá del Ministerio de Presidencia, cuya titular es Soraya Sáenz de Santamaría, y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular es Cristóbal Montoro.
Además, de este nuevo organismo al que han denominado Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, también está previsto que en las próximas fechas se nombre la figura del CIO de la Administración, y que será el responsable mayor de coordinar toda esta centralización.
La creación de este “jefe de informática único”, como lo ha denominado Sáenz de Santamaría, es una de las medidas propuestas por la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), y que más expectación ha levantado entre el colectivo de los profesionales públicos de las Tecnologías de la Información. Inquietud generada, no sólo por el impacto organizativo que esta medida va a provocar en el seno tecnológico de la Administración, sino también en términos estratégicos porque será el núcleo impulsor de la digitalización y transformación del sector público español.
Lo cierto es que la creación de la figura del Chief Information Officer de la Administración del Estado (por sus siglas, CIOAGE) se encontraba entre las medidas de reforma de la Administración propuestas por Astic en su documento “Una Administración del Estado para la Sociedad de la Información”, y que la Asociación envió a CORA al inicio de sus investigaciones.
En función de este documento, y tras conocerse públicamente el proyecto del Ejecutivo, desde Astic, -que han valorado positivamente las medidas aprobadas-, objetan que el nuevo órgano, y por ende, el llamado CIO de la Administración, no deben ser temporales, sino tener una continuidad en el tiempo para culminar con éxito la centralización y coordinación de todos los procesos TIC.
En concreto opinan que, “aunque la valoración del hecho de la creación de esta Dirección con rango de Subsecretaría, directamente en dependencia del Ministro de Presidencia, no puede dejar de resultar positiva, sí resulta chocante el grado de temporalidad que se da a las competencias tecnológicas de este Ministerio. La definición de las mismas es la coordinación del proceso de racionalización de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) en el Sector Público Administrativo Estatal, lo cual parece reducir su ámbito temporal al tiempo de ejecución de las medidas de reforma propuestas por la CORA”.
Como expertos en el tema, esta Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, consideran que la figura del DTICAGE debe ser un rol estable en la estructura administrativa porque “tiene un contenido competencial cuya existencia venía siendo necesaria desde hace años. Sin embargo, es necesario complementar las competencias estratégicas del DTICAGE en materia tecnológica con competencias normativas y organizativas en el ámbito de la Administración Electrónica”.
Asimismo, por su parte, los Consejos Generales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática (CCII-CONCITI), -que también se alegran de la creación de dicha Dirección General-, destacan que también es importante “el alto nivel estratégico, para el desarrollo y crecimiento de un país, que aporta el correcto despliegue de las estrategias basadas en sistemas informáticos. En este sentido, pedimos que se tenga en cuenta las actuaciones que otros países como EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, por citar algunos de los más importantes, están acometiendo en sus estrategias nacionales en torno a la disciplina informática”.
El CIO debe ser un CIO
Por otro lado, apuntan desde Astic que sería poco entendible que para desempeñar las funciones y competencias del CIO de la Administración fuera nombrado alguien ajeno al colectivo de los profesionales públicos de las Tecnologías de la Información. “Son estos funcionarios los que, como indica la exposición de motivos del Real Decreto, han conseguido que las unidades TIC de la Administración General del Estado hayan demostrado sobradamente su capacidad para atender una demanda creciente de servicios y unas exigencias elevadas, a un nivel equivalente o superior a la media de la Unión Europea”, resaltan.
Igualmente opinan desde CCII-CONCITI, que confían en que “al frente de dicha Subsecretaría se encuentre un profesional Ingeniero o Ingeniero Técnico en Informática, lo que permitiría evitar errores del pasado que llevaron por ejemplo a la supresión en 2010 de la Dirección General para la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria y que supuso dar la espalda a la informática no dándole el peso que merece en dicho Ministerio”.
