En un contexto adverso en el que las Administraciones Públicas se están viendo obligadas a implementar políticas de ajustes para cumplir con el objetivo de reducción del déficit, la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) propone ir más allá y acometer profundas reformas con el objetivo de alcanzar una mayor productividad y eficiencia, ser más transparentes y consolidar la Administración Electrónica. En ese sentido, Manuel Pimentel, presidente de la AEC ha señalado que “nosotros como asociación, además de denunciar, debemos proponer soluciones y alternativas, porque el futuro de España tiene que pasar por construir una sociedad del conocimiento, y este es el mejor momento para hacerlo”.
Efectivamente, según el Ranking de Desarrollo de e-Gobierno del mundo establecido por la ONU, en los últimos años España ha perdido 14 puestos, pasando del puesto 9 en 2009 a la posición 23 en 2012. Para Pimentel, “España debería reducir un 30%, o 15.000 millones de euros, las cargas administrativas para este año, puesto que el coste de las cargas sobre el PIB es del 4,6%, mientras que la media europea está situada en el 3,5%”. Con estas cifras, queda claro que el país debe ahorrar más en menos tiempo, por lo que es hoy más necesario que nunca “implementar medidas no sólo a corto plazo, sino también a medio y largo, y además tiene que establecerse un consenso de todas las fuerzas políticas”, y en este contexto, la tecnología juega un papel esencial en este proceso de modernización e innovación.
Así, algunas de las medidas propuestas por la AEC pasan por erradicar el exceso de burocracia, la racionalización de los procesos, buscando una mayor coordinación entre los niveles de gobierno, incluir mediciones e indicadores, establecer Centros de Servicios Compartidos, y aumentar no sólo el desarrollo, sino también el uso práctico de la Administración electrónica. La colaboración público-privada es igualmente, un imperativo, y para la asociación las organizaciones públicas deben dar mayor entrada a mecanismos de colaboración que favorezcan la entrada de nuevas fuentes de financiación para la prestación de servicios a menor coste. Pero, para que el modelo funcione adecuadamente, “es necesario crear un marco regulatorio que salvaguarde los intereses públicos y establezca marcos claros y estables para asegurar una relación de largo plazo, la igualdad de condiciones para todos los proveedores y la adecuada retribución de las inversiones en función de los riesgos transferidos”, comenta el presidente de la AEC.
Desde un punto de vista más tecnológico, sería interesante recurrir a modelos como el cloud computing y también que ciertas actividades no esenciales y procesos no críticos se presten a través de la externalización selectiva, en ámbitos como las propias TI, pero también los recursos humanos o la gestión financiera.
