La Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación de Andalucía acaba de presentar un informe sobre la morosidad existente entre las empresas TIC andaluzas y las administraciones públicas (regional, provincial y local). Según la información facilitada por este organismo, la deuda asciende a más de 300 millones de euros. “Esta cifra tan elevada preocupa al sector, ya que las administraciones públicas es uno de nuestros principales clientes, representando entre el 30% y 50% de la facturación anual”, señalan fuentes de Eticom.
El malestar queda patente. “Dependemos mucho del sector público como cliente y el 95% del tejido empresarial son micropymes sin mucha capacidad financiera si bien en muchos casos las administraciones están dando sus encargos a multinacionales ya que precisamente éstas tienen la posibilidad de dar más plazo a la hora de cobrar, entre seis meses y un año”, matizan desde la asociación. Un escenario insostenible y unos datos preocupantes ya que las pequeñas y medianas empresas TIC de la región, que son la gran mayoría, “ven en serio peligro su supervivencia, un sector que además es vital para la productividad y competitividad de la economía andaluza”, puntualizan.
No en vano, en Andalucía hay 2.609 empresas pertenecientes al Hipersector TIC -que representa el 10,7% en el ámbito nacional- que les afectan los impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas. “Si no se soluciona de manera efectiva esta situación, corremos el riesgo de perder los puestos de cabeza dentro del Hipersector TIC español”.
Cobro de intereses de demora y otros costes
No es de extrañar que desde Eticom apelen a las administraciones a una pronta acción contra la morosidad que está provocando que afecte a la continuidad de empresas del sector debido al incumplimiento de los plazos que establece la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales. “Estamos estudiando qué medidas adoptar como son el cobro de intereses de demora e indemnizaciones por todos los costes para los cobros para en el sector TIC andaluz”, añadieron las mismas fuentes. Actualmente, aunque dicha norma estipula retrasos máximos de 60 días en 2012 en el pago de las facturas, “las empresas están sufriendo demoras superiores incluso al año y muy farragosas de reclamar por vía administrativa”.
Según la asesoría legal de Ametic, se pueden establecer fórmulas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales como es “el cobro de intereses de la deuda, según recoge la normativa -el tipo legal de interés de demora que la Administración Pública deudora estará obligada a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo más 7 puntos-“. “Además, el contratista acreedor de la Administración que incursa en mora tiene derecho a reclamar a ésta una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la demora en el pago. La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 % de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate”.
