“Componer una fiscalidad más acorde al siglo XXI” fueron las palabras que pronunció Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, en el 32 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic en Santander. Esta nueva fiscalidad fue planteada en un primer momento por Pierre Moscovici, exministro de Economía francés, y recogida por muchos como una justa contribución a la sociedad por parte de las grandes empresas TIC, que se las ingenian para tributar lo mínimo en España aprovechando las ventajas fiscales de otros países como Irlanda. No obstante, la creación de este nuevo escenario no ha gustado a las empresas afectadas, así como a otros actores del sector que lo ven como una “amenaza a la economía del país”.
Las voces que se postulan a favor de crear un marco impositivo que grave a las tecnológicas aluden a la falta de fondos para las pensiones, las cuáles deberían experimentar una subida de 1.500 millones de euros para este año y 1.800 millones de euros para el próximo, según ha prometido el Gobierno. Para conseguirlo, la estragegia consiste en aplicar una tasa de en torno al 3% de los ingresos a las compañías que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, y subir el impuesto de sociedades, poniendo un tipo mínimo del 15%; lo cual supondría para las arcas del Estado algo más de 500 millones de euros al año. Este impuesto también iría vinculado al uso de ciertos contenidos digitales y de publicidad en internet, por lo que se le conoce como ‘Tasa Google’, ya que afecta de especial manera gran al buscador.
“La Tasa Google podría afectar a la inversión en nuestro país y al desarrollo del I+D”
Sin embargo, las tecnológicas califican esta decisión como arbitraria, y se quejan por tener que hacerse cargo ellas de problemas estructurales de los gobiernos como la cuestión de las pensiones. Expertos como Pedro Mier y José Luis Zimmerman, directores de las patronales Ametic y Adigital, respectivamente, han sido de los primeros en pronunciarse públicamente calificando la propuesta como “un error garrafal” ya que podría frenar la inversión en España, lo que acabaría afectando a todos los sectores, “así como al consumidor final e incluso a filiales españolas de las grandes multinacionales”; y a la que más, al área de I+D, “donde no estamos precisamente boyantes”.
Así, los detractores de esta nueva normativa hacen hincapié en no gravar a los sectores que generan más empleo, y apuntan a la legalidad de la actuación de las empresas acogiéndose a los beneficios de tributar en países que les ofrezcan mayores beneficios fiscales, por mucho que pueda resultar poco ético. Muchos abogan por llegar a un acuerdo a nivel regional en toda la Unión Europea que pueda facilitar las negociaciones con las grandes corporaciones para diseñar un marco más justo para todos sin dañar la inversión ni la competitividad de ningún país miembro ni de las empresas. De momento, esta podría no ser una mala opción ya que países como Alemania y Reino Unido han abandonado la inicitiva; y España, Francia, Italia y Portugal paracen encontrarse entre la espada y la pared.
