La Ley 2/2023, de 20 de febrero, ha marcado un antes y un después en materia de compliance empresarial en España. Desde su entrada en vigor, todas las organizaciones con 50 o más empleados están obligadas a contar con un sistema interno que garantice la comunicación segura y confidencial de posibles infracciones. Más allá de ser un mero requisito legal, la normativa refuerza la necesidad de transparencia y protección para quienes denuncien irregularidades dentro del entorno laboral.
Según un estudio de Personio, el 65% de las empresas en España ya han implementado un canal de denuncias, mientras que un 23% aún no ha desarrollado esta herramienta y un 11% desconoce su estado actual. Estos datos revelan que, aunque la mayoría de las compañías han dado pasos hacia el cumplimiento, todavía existe una brecha significativa que pone en riesgo a muchas organizaciones. Además, la satisfacción laboral y la transparencia interna están directamente relacionadas con la existencia de estos canales.
En este sentido, Gaspar Palmer, CEO de OpenKM, destaca la relevancia de estos sistemas en la actualidad: “Las empresas ya no pueden considerar los canales de denuncias como una mera obligación legal. Se han convertido en un instrumento estratégico para la protección de la integridad corporativa y la construcción de un entorno de trabajo basado en la confianza y la transparencia”.
Sin embargo y de acuerdo con el último informe de Adecco sobre felicidad en el trabajo, el 42% de los empleados en España considera que su empresa no cuenta con mecanismos adecuados para comunicar problemas internos. Esto puede traducirse en ambientes laborales deteriorados, falta de confianza en la dirección y una menor productividad.
Multas por incumplir el canal de denuncias
Además, el incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones económicas severas para las empresas. Según la legislación vigente, las multas pueden oscilar entre 10.001 y 1.000.000 de euros para las personas jurídicas, lo que subraya la importancia de adoptar estos sistemas de manera eficaz y diligente.
Ante esta nueva realidad normativa, contar con herramientas tecnológicas que faciliten la implementación de canales de denuncias se vuelve esencial.
Uno de los aspectos más críticos en la gestión de denuncias es la protección de identidad del denunciante.
