A través del acuerdo con SpyCloud, DotForce tiene como objetivo capacitar a sus partners y MSSP del Canal para ofrecer las soluciones de SpyCloud a sus clientes. La compañía considera que “las herramientas de prevención de ATO de SpyCloud son más sólidas que los sistemas habituales de monitorización en la Dark Web pues se basan en escaneado y scraping web para recopilar datos sobre brechas de seguridad“. Las habilidades de inteligencia humana facilitan a las organizaciones acceso a datos robados en las primeras etapas del ciclo de vida de las brechas de seguridad, ayudando a las organizaciones a tomar medidas inmediatamente para volver a asegurar las cuentas comprometidas y anular la capacidad de los ciberdelincuentes para cometer fraude, Business Email Compromise (BEC), así como robo de cuentas adicionales que reutilicen credenciales.
“SpyCloud tiene la base de datos de brechas de seguridad más completa del mundo, lo que les convierte en el mejor socio para luchar contra el robo de cuentas”, declaró Zane Ryan, CEO de DotForce. “Estos ataques pueden golpear a cualquier organización en cualquier momento y su resolución supone un coste extremadamente alto y requiere mucho tiempo de tedioso trabajo. Con SpyCloud como nuestro socio, podremos ayudar a las organizaciones a minimizar el daño causado por el ATO“.
SpyCloud y DotForce están ofreciendo a las organizaciones una investigación consultiva y un informe sobre la exposición a robos de cuentas, incluyendo las de los altos ejecutivos.
Una cuenta robada a menudo se convierte en la puerta de entrada a muchas otras cuentas de usuario, incluyendo algunas tan valiosas como las de acceso a servicios bancarios o correo electrónico. Una estrategia que les reporta a los ciberdelincuentes altos beneficios es apropiarse de cuentas de ejecutivos top o cualquier persona con alto poder adquisitivo, eludiendo la autenticación de múltiples factores a través de ataques de Phishing, ingeniería social o SIM-Swapping.
Los ataques, que pueden durar incluso varios años, suponen un coste de más de 17,2 miles de millones de dólares al año para las organizaciones, a lo que habría que sumar el coste que supone a los consumidores recuperar el dinero robado y reclamar los fraudes sufridos en sus tarjetas de crédito.
