“La sala de máquinas del barco de la Justicia hay que cambiarla completamente y en marcha”

Acaban de presentar el Plan de Infraestructuras y Comunicaciones (PIC) para realizar una profunda remodelación tecnológica del Ministerio. ¿Cuál es el punto de partida en el que arrancan?
En primer lugar dedicamos tiempo ya que estamos hablando de una inversión de 40 millones de euros y no se puede improvisar o fiarse de la intuición. Por eso, después de realizar un estudio pormenorizado para conocer todos los detalles sobre cuál era la situación actual, llegamos a la conclusión de que teníamos demasiados entornos heterogéneos, descentralizados y al límite de su capacidad. El esfuerzo en gestión que acarreaba esta arquitectura resultó ser muy elevado ya que cada vez que se iniciaba un proyecto nuevo, surgía la necesidad de adquirir una nueva infraestructura específica para dicho proceso. Uno de los objetivos de este plan de modernización es reducir al máximo ese esfuerzo en gestión, diseñando una arquitectura más homogénea y centralizada, asentada en políticas de virtualización y seguridad, que no sólo de cabida a los proyectos actuales, también que contemple nuestro posible crecimiento en los próximos cinco-diez años.
¿Qué objetivos persigue este plan de modernización?
Disponer de un sistema judicial moderno, ágil, eficiente, accesible, de calidad… acorde a las necesidades actuales. Por ello, hemos iniciado este proyecto, que sin duda, aprovecha al máximo todo lo que los avances tecnológicos son capaces de ofrecernos hoy en día.
¿Qué necesidades tecnológicas pretende cubrir?
Se busca crear un entorno homogéneo donde centralizar las aplicaciones y proyectos que se van creando dentro del Ministerio reduciendo costes. Mejores sistemas de almacenamiento, servidores, comunicaciones más eficientes con más capacidad, sistemas que optimicen los recursos, los puestos de trabajo o que incrementen la seguridad lógica de toda la arquitectura. Son necesidades que se detectaron y que pretendemos cubrir, pero para ello era necesaria una adecuación del Ministerio a las nuevas tecnologías, haciendo posibles hitos que en el pasado nos parecían inviables como la digitalización de los expedientes, la eJusticia o el futuro expediente electrónico.
¿Y las exigencias en servicios públicos de cara al ciudadano?
El Ministerio está embarcado en proyectos que impactan sustancialmente en el servicio que prestamos y el que va a recibir el ciudadano. Estamos abandonando el papel, ¡quién lo iba a decir en materia judicial! con la implantación del expediente judicial electrónico, estamos enviando por millones notificaciones electrónicas, cambiando todo el sustrato tecnológico del Registro Civil, y por último, a título de ejemplo, estamos grabando todas las audiencias y juicios que se celebran en el país, tanto en audio como en video. Todo esto necesita una estructura tecnológica de almacenamiento, comunicaciones, servidores, centro de proceso de datos…, que dé el debido soporte para estar todos seguros de que el servicio está en condiciones de continuidad, seguridad y calidad.
¿Cómo van a garantizar la interoperabilidad y la seguridad de estos procesos y datos?
La interoperabilidad es uno de los problemas quizás más importantes del sector Justicia, y en general, la Administración, no sólo en España, también en Europa, sobre cómo garantizar el intercambio seguro de información. Durante estos años hemos acometido varias iniciativas como la puesta en pie del sistema judicial de interoperabilidad y seguridad (EGIS), que permitió sentar las bases de interoperabilidad en materia judicial, siguiendo exactamente el camino trazado por las Administraciones Públicas en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad. Por otro lado, el Ministerio también apostó por la aprobación el pasado mes de julio de la Ley de Nuevas Tecnologías en la Justicia, que consagra legamente la existencia del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Y con esa cobertura legal, se van a definir todas las cuestiones semánticas, técnicas y organizativas que nos van a permitir transitar con cierta seguridad por este terreno. En las próximas semanas estamos ya rematando los primeros decretos en cuanto a la arquitectura institucional y las primeras normas técnicas que fijarán los estándares en documentos y expedientes electrónicos, y las políticas de digitalización.
Con la siguiente Legislatura, si se produce un cambio de Gobierno, ¿se vería afectado este plan de modernización?
Esta pregunta es sumamente importante y que se planteó desde el primer momento. Las necesidades de infraestructura y comunicaciones que tiene el sistema de justicia son estructurales y de largo plazo, que van a exigir esfuerzos continuados durante un periodo largo de tiempo. Serán cinco, ocho, diez años en los que habrá que hacer una inversión sostenida, en general en el sistema de justicia, y en particular en materia de infraestructuras tecnológicas. El PIC es ya de por sí un plan 2011-2014 con un proceso de implantación que llevará cuatro años, y ahora estamos acabando el primer año. Además, implica una batería de contrataciones con un monto total de 40 millones de euros, y los presupuestos para la cobertura económica ya están garantizados, con lo cual yo creo que la continuidad de este proceso está garantizada, y el nuevo Gobierno que llegue, sea del color que sea, tendrá la tranquilidad de que los deberes están hechos y sólo tiene que continuar con el proceso de implementación de los contratos, que ya para entonces, estarán en plena ejecución.
¿Cómo han estructurado ese proceso de contratación?
Es como un Lego. Se trataba de ser algo cuidadoso en la planificación para no hacer antes lo que tengo que hacer después. El PIC comprende 86 proyectos que hemos agrupado en 34 grandes actuaciones, que a su vez hemos clasificado a efectos de contratación en cinco pliegos de arquitectura base y luego lo que hemos denominado cinco oleadas de pliegos dependientes de actuaciones previas o independientes. Con la colaboración de técnicos y expertos del Ministerio y de empresas privadas elaboramos de forma ordenada las condiciones técnicas y administrativas de las contrataciones.
¿En qué estado se encuentran actualmente las licitaciones?
Ahora ya tenemos en proceso de casi adjudicación la licitación de arquitecturas grandes de almacenamiento, comunicaciones y servidores; y ya están también licitadas y adjudicándose las primeras dos oleadas de pliegos más pequeños basados en esas infraestructuras. A partir de aquí, de acuerdo al calendario establecido, iremos, dentro de este año, sacando la siguiente oleada de pliegos independientes complementarios, quedando para los primeros meses de 2012 los últimos pliegos; por lo que durante 2012 y 2013 se efectuará la implementación. Si algo he aprendido es que desarrollar un Plan de Infraestructuras y Comunicaciones no es tan sencillo como ir a una gran superficie, cogerlo y pagarlo en caja. Son actuaciones multimillonarias en lo económico, complejísimas técnicamente y que requieren tiempo ya que la sala de máquinas del barco de la Justicia hay que cambiarla completamente y en marcha; no podemos permitirnos el lujo de parar el servicio que se está prestando tecnológicamente dependiente.
¿Con qué proveedores han trabajado en la elaboración de los pliegos?
En la preparación del Plan de Infraestructuras, del diagnóstico, definición del modelo y del proceso de contratación hemos contado con la asistencia técnica de Red.es, -en el marco de un convenio de colaboración con el Ministerio de Industria-, everis, y A.T Kearny. Destacar que estas compañías no podrán, bajo ningún concepto, participar luego en la fase de ejecución.
Uno de los puntos más importantes del PIC es la construcción de un CPD de Respaldo. ¿Qué infraestructuras TIC acogerá y cuántos fondos se han destinado a su creación?
En estos momentos ya se ha recepcionado el centro de proceso de datos, que para acondicionarlo físicamente (tiene una superficie de 200 m2) se han destinado cinco seis millones de euros. Es una especie de búnker con un alto nivel de seguridad por razones obvias, y nos ha llevado un año prepararlo, en paralelo con la renovación del CPD principal, en el que se ha homogeneizado toda la infraestructura tecnológica a nivel de sistema operativo, bases de datos, y de tipología de servidores teniendo en cuenta la evolución de los fabricantes. Una vez finalicen las adjudicaciones de la arquitectura base de almacenamiento, comunicaciones y servidores, que comprometen una financiación completa de 40 millones de euros, comenzaremos su instalación. Quiero resaltar que no se trata de un CPD de respaldo clásico activo/pasivo. Nuestro objetivo contempla disponer de dos CPD activo/activo de forma que cada uno cumpla una doble función: garantizar la disponibilidad de la información en caso de contingencia, y distribuir la carga entre ambos.
¿Han calculado los ahorros que se generarán de la gestión y administración de los servicios, una vez haya concluido todo el proceso?
Aquí hay una cuestión clave que ayuda a comprender la necesidad de este proyecto de modernización. El nivel de inversiones del Ministerio de Justicia en materia tecnológica se ha movido siempre entre los 20 y 30 millones de euros, y las infraestructuras del sistema judicial estaban dimensionadas para esa inversión. Pero, en 2010 estas inversiones suben a 150 millones de euros en tecnología, siendo los presupuestos más importantes hasta la fecha del Ministerio de Justicia. En 2011, incluso con la crisis económica, el entorno de inversión se ha mantenido en 130 millones, y para 2012 las previsiones se mueven en este mismo entorno. Esto significa que la modernización de Justicia se ha incorporado definitivamente a la agenda pública del Gobierno, no por mero pronunciamiento político sino porque se dota presupuestariamente. Es de esperar que en la próxima legislatura este compromiso se mantenga así como su nivel de inversión durante muchos años porque va a ser la única manera de que el sistema de Justicia, de verdad pegue el salto adelante. Y en cuestión de retorno de la inversión, este se mide en el número de servicios que se prestarán al ciudadano y en la capacidad de respuesta de los mismos. Por ejemplo, hace dos años se realizaban, con carácter mensual, 50.000 actos de comunicación, en este momento se realizan mensualmente 1,5 millones de comunicaciones electrónicas. El ahorro de tiempo y económico que supone el poder cursar anualmente 15 millones de notificaciones telemáticas, y no con desplazamientos físicos a los domicilios, es muy importante. Y ahí es donde nosotros vemos nuestro retorno y ganancia.
Toda esta remodelación habrá tenido un proceso de gestión del cambio muy importante…
Efectivamente porque ha supuesto un cambio muy grande en la forma en que se estructuran las oficinas judiciales.
Con respecto a las nuevas tecnologías que van a incorporar como la virtualización, ¿contemplan también el cloud computing?
La estrategia básica de la modernización del Ministerio incluye almacenamiento local en nuestro centro de procesamiento de datos. Naturalmente, estudiamos las posibilidades que ofrece el cloud computing en todas sus opciones: pública, privada o híbrida. Pero, teniendo en cuento el alto nivel de protección que tienen que tener los datos, por la pura normativa española de protección de los mismos, y por las modalidades de contratación pública, aconsejan, por el momento, priorizar el almacenamiento y gestión de la información a través de nuestros CPD, pero observando qué posibilidades podría ofrecer la nube a aplicaciones adyacentes no nucleares como el correo electrónico, que es algo que se está analizando. Hoy por hoy lo vemos algo prematuro, lo que no significa que no se estén aplicando los principios de la filosofía de la cloud privada ya que el Ministerio se torna en un prestador de servicios a través de la red judicial EGIS, y no sólo a los órganos judiciales, también a otras instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Toxicológico o la Dirección General de Policía.
Finalmente, ¿cuál es el futuro después de 2014?
Seguir trabajando en mantener la administración de la Justicia tecnológicamente avanzada.