La transformación digital requiere gestionar la protección y validez jurídica de las organizaciones a través de la prueba electrónica.
Así lo demostró el evento organizado por la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (AUTELSI), ‘La Prueba en la Era Digital: Reto y Oportunidad‘, que reunió a profesionales del derecho, la justicia, la tecnología y la Administración pública.
Estos tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre cómo afrontar con garantías la generación, custodia, extracción y presentación de la prueba digital.
Celebrado en el centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid-International Lab (‘iLAB’) y patrocinado por el despacho de abogados UBT Legal & Compliance, especializado en derecho digital, el foro AUTELSI fue un éxito tanto por su convocatoria como por la profundidad de las reflexiones compartidas.
Validez jurídica de las evidencias digitales
En particular, se destacó la urgencia de establecer protocolos y mecanismos sólidos para gestionar y asegurar la validez jurídica de las evidencias digitales, especialmente en entornos complejos donde el volumen de datos crece exponencialmente.
Uno de los momentos más valorados fue la presentación del estudio ‘La protección jurídica en un entorno digital: la obtención, custodia y presentación de la prueba’, elaborado por el Grupo de Regulación de AUTELSI.
Es necesario impulsar la colaboración público-privada para apoyar la transformación digital con plenas garantías jurídicas
Este documento ofrece una guía clara y práctica sobre cómo abordar la prueba digital en contextos empresariales, judiciales y administrativos.
Entre las conclusiones destacadas: la necesidad de establecer protocolos claros para generar, conservar y presentar la prueba digital, garantizando la licitud, autenticación e integridad necesaria; así como la oportunidad de hacer uso de la tecnología blockchain y de los prestadores de servicios de confianza.
La meta es impulsar la colaboración público-privada para apoyar la transformación digital con plenas garantías jurídicas.
