DigitalES ha trasladado a los grupos parlamentarios su preocupación por lo que consideran una instrumentalización de la tramitación del Proyecto de Ley de Protección de Datos para abordar los derechos digitales, a través de varias enmiendas introducidas por el Partido Socialista que afectan a derechos y libertades de los ciudadanos recogidos tanto en la Constitución como en otras regulaciones.
Se trata de la regulación los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como la neutralidad de la Red, los derechos a la seguridad y educación digital, así como los derechos al olvido, a la portabilidad o al testamento digital.
La industria digital considera que la adaptación normativa de los derechos y libertades constitucionales al mundo digital debe ser “contemplada y ampliamente debatida por los poderes públicos” y, en concreto, debe tener lugar en sede parlamentaria para “apoyar procesos abiertos e inclusivos evitando hurtar a la sociedad, para la que se legisla, su participación y opinión en debates tan importantes como éste”, señaló Alicia Richart,directora general de DigitalES.
Para la responsable de la patronal que reúne a las principales compañías españolas de tecnología “el objeto del Proyecto de LOPD -actualmente debatiéndose en el Parlamento- no debería ser otro que la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento del Parlamento Europeo relativo a la protección de datos personales y la libre circulación de éstos”.
Sin embargo, las enmiendas incorporadas por el Grupo Parlamentario Socialista tienen que ver con el reconocimiento de derechos digitales de los ciudadanos. “Muchas de las cuestiones que se abordan están recogidas en otras leyes de nuestro ordenamiento jurídico, lo que supone un solapamiento regulatorio impropio en un Estado de Derecho”, señala Richart.
“La adaptación al mundo digital de derechos fundamentales genera inseguridad jurídica y hurta el necesario debate parlamentario”
La patronal deja claro a su vez que “no existe oposición alguna” por parte de la industria, ni de la Academia ni de la sociedad civil a una adaptación normativa de los derechos y libertades constitucionales al mundo digital. Sin embargo, la fórmula elegida para regular sobre una materia tan importante para los ciudadanos es imprecisa y poco transparente: “no debería hacerse en el marco de la tramitación parlamentaria de una Ley con un objeto muy concreto y radicalmente diferente”, afirmó la directora general de DigitalES, que destacó además que “organizaciones empresariales y de consumidores ya se han pronunciado en contra de esta forma de abordar derechos digitales por la puerta de atrás”.
Los derechos digitales son una adaptación al mundo digital de los derechos fundamentales de las personas, y por ello DigitalES considera imprescindible “abrir un debate público y transparente sobre la garantía y protección de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en el entorno digital”.
Por todo ello DigitalES ha hecho saber a los diferentes grupos parlamentarios que tramitan actualmente la adaptación de la LOPD su preocupación ante “la fórmula elegida por el Grupo Parlamentario Socialista para reconocer una serie de importantísimos derechos de los ciudadanos mediante la tramitación parlamentaria de una Ley con un objeto radicalmente diferente, en una Comisión Parlamentaria como es la de Justicia que no ofrece el espacio necesaria para la participación ciudadana y para la reflexión”.
La patronal tecnológica emplaza a los Grupos a que todas las iniciativas sobre los derechos digitales se traten en una norma específica para lo que será necesario iniciar un debate parlamentario consistente y con vocación de consenso que abarque todos los derechos de las personas, apoyado en procesos abiertos e inclusivos como los realizados en otros países para alcanzar consensos sociales amplios.
Otros países europeos
- En el caso italiano con la aprobación de la Declaración de derechos digitales en el 2015. Fue la primera Declaración nacida de un parlamento con el objeto de inspirar el desarrollo legislativo posterior, aunque no conlleva obligaciones jurídicas. Su aprobación fue el resultado de un proceso abierto e inclusivo que duró más de un año.
- En Francia con la Ley por una República digital francesa que entró en vigor en el 2016 también se necesitó de más de un año para alcanzar acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios ya que con esta ley se modifica la legislación que regula diversos aspectos de la economía digital en Francia como los datos abiertos, la economía colaborativa online o el acceso a Internet.
- En el ámbito internacional, el modelo de Gobernanza de Internet, en particular el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) que predica la participación de todas las partes interesadas sirve también de inspiración para el debate sobre los derechos digitales en España.
