Como ha sucedido en otros ámbitos, el sector público español no se ha visto ajeno al impacto de la COVID-19. La pandemia ha propiciado una aceleración en su proceso de modernización tecnológica, motivada en gran parte por la necesidad de poder prestar los servicios que la sociedad y las empresas están demandando en la actualidad. Según datos de IDC Research España, el sector público en España prevé un aumento en el gasto de TI, que crecerá en 2021 un 6,4% con respecto a 2020, manteniendo una tendencia estable hasta 2024 para situarse en un CAGR del 1,2%.
Determinar las prioridades de inversión que están acometiendo estas organizaciones para dar respuesta no sólo a los retos de transformación digital del ciudadano y las empresas, sino también al propio proceso de evolución y cambio interno de los diferentes niveles de la Administración Pública es el objetivo del informe Retos y Prioridades del Sector Público en España ante la llegada de los Fondos Next Generation EU.
Para ello, la consultora IDC Research España, de la mano de Dynatrace, F5, Mitel, OpenText, TeamViewer y T-Systems, ha realizado una investigación de mercado en la que ha consultado a más de 3.000 organismos de la Administración Pública (AGE, Central, Local, Autonómica y entes públicos). Los datos de la consultora muestran que, si bien algunas organizaciones del sector público están bien posicionadas para la próxima normalidad, la mayoría, un 81%, aún se encuentra en las primeras etapas de su transición.
Por otra parte, el mercado de servicios asociados al puesto de trabajo en sector público crecerá hasta alcanzar los 871,5 millones de euros en 2024, presentando tasas de crecimiento agregado compuesto cercanas al 70% en el periodo 2021-2024, impulsadas por la adopción de cloud y servicios de big data y analytics fundamentalmente.
Adicionalmente, el informe desgrana que el gasto de TI en educación experimenta un incremento del 11% respecto al año pasado, así como de la Administración General del Estado y Administración regional/local, que aumentan su inversión un 5,2% y 5,1%, respectivamente, frente a 2020.
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Principales apuestas tecnológicas
El informe “Retos y Prioridades del Sector Público en España ante la llegada de los Fondos Next Generation EU” apunta a una mayor concentración de la inversión en el mantenimiento de sistemas de gestión corporativos y aplicaciones heredadas, áreas en las que el 41,7% de la muestra tiene intención de invertir entre un cuarto y la mitad de su presupuesto. La administración regional (54,5%) y las empresas y organismos públicos (41,9%), respectivamente, lo consideran una de las principales prioridades de inversión.
El escenario actual de confluencia de financiación y prioridades de transformación del sector público en España abre un escenario muy positivo para los proveedores de tecnología, en especial en torno a cuatro grandes ámbitos de actuación: cloud y modernización, automatización y experiencia ciudadana, smartwork y seguridad y confianza digital.
Cloud y modernización
La migración de cargas de trabajo a arquitecturas en la nube, la automatización de procesos inteligentes gracias a la aplicación de tecnología y la manera de afrontar estos proyectos de una manera ágil y segura son prioridades de inversión del sector público en la actualidad. “Resolver aspectos vinculados a la contratación y soberanía del dato son claves para una transición segura a la nube” confirma José Antonio Cano, director de consultoría y autor del informe. Si bien, el actual entorno regulatorio retrasa el despliegue del cloud dentro de la Administración Pública. De hecho, la inversión en la nube se sitúa en cotas de un 10% de media del presupuesto que dispone el organismo público, siendo la AGE la principal tractora en cuanto a inversión en esta categoría.
Automatización y experiencia ciudadana
El uso de canales digitales para la interacción con los ciudadanos y empresas se erige como prioritario. Por ello, evaluar la eficiencia de los procesos internos y buscar las áreas que podrían beneficiarse de una mayor digitalización o analizar opciones para agilizar procesos de bajo rendimiento sin afectar a la prestación de servicios a los ciudadanos son prioridades a abordar en el corto plazo.
La automatización de procesos cobra cada vez mayor importancia dentro del porcentaje de gasto del sector público (18,4% de la muestra invertirá entre el 25% y el 50% del presupuesto en esta partida), aunque también es desigual dependiendo del nivel de la Administración. La Empresa Pública (22,6%) y la Administración Regional (21,2%) son los principales impulsores de iniciativas y proyectos de automatización de procesos, sin duda en búsqueda de la agilidad empresarial que el contexto actual está demandando.
Smart Work. El puesto de trabajose mantiene como reto para los organismos públicos
Factores como la regulación, la cultura organizacional, la actual obsolescencia tecnológica y la dificultad para actualizar las herramientas o disponer de procesos complejos para realizar el teletrabajo aparecen como los principales retos a la hora de abordar la consolidación de políticas de Smart Work en la Administración Pública, donde los proveedores de tecnología juegan un papel esencial como facilitadores.
El puesto de trabajo, sin duda, sigue manteniéndose como un reto para los organismos públicos, aunque su importancia es desigual en función del tipo de organismo público que se considere, siendo una prioridad de inversión para la Administración Local. En esta categoría, el 18,4% de la muestra se plantea realizar una inversión de entre el 25% y 50% de su presupuesto para adecuar el puesto de trabajo del empleado público a las nuevas necesidades que impone la situación actual. Desagregando por tipología de organismo, son la Empresa Pública (35,2%) y la Administración Local (15,2%) las que están priorizando la inversión en esta categoría tecnológica, sin duda para hacer frente al proceso de adaptación digital iniciada como consecuencia del COVID-19.
Seguridad y confianza digital
En este contexto el rol de la empresa privada como elemento de ayuda, soporte y acompañamiento al proceso de transformación va a permitir, sin duda, una mejora en cuanto a la gestión del framework de seguridad y la gestión de las TI heredadas.
Por ello, no sorprende que la seguridad se erija como la segunda gran prioridad de inversión a la que la Administración Pública está destinando una mayor cantidad de inversión. El 28,2% de la muestra invertirá entre el 25% y el 50% de su presupuesto en dotar de un mejor entorno de seguridad no sólo de sistemas sino también de datos, con el objetivo de asegurar la privacidad de los datos y generar la confianza digital que demanda el ciudadano. La mayor inversión está prevista por parte de la administración regional (42,4%) y local (25%).
