Es difícil imaginar que cualquier iniciativa propuesta en contra de la ley en su día, siga operando hoy como si nada hubiera sucedido. Por increíble que parezca, esta es la situación en la que los ciudadanos europeos se encuentran en la actualidad en lo que respecta a la política de privacidad de Google.
Hace dos años, el Grupo de Trabajo del artículo 29, en nombre de las Autoridades para la Protección de Datos en toda Europa, llegó a la conclusión de que la actualización de la política de privacidad de Google violaba las leyes europeas de protección de datos en numerosos terrenos. El hallazgo prosiguió con una larga investigación, liderada por la autoridad francesa CNIL, e incluyó la recomendación de que Google modificase la política para ponerla en consonancia con las leyes europeas en un plazo de cuatro meses. Esto ocurrió en octubre de 2012 y, a día de hoy, su política no muestra grandes cambios y permanece todavía fuera de los parámetros legales. Para celebrar el aniversario, ICOMP (Initiative for a Competitive Online Marketplace) ha publicado un breve documento que pretende hacer un recordatorio de los detalles sobre este importante asunto.
La cuestión es, sin duda, de gran relevancia. No sólo el Grupo de Trabajo del artículo 29 ha sido claro en sus conclusiones, sino que seis Autoridades Nacionales para la Protección de Datos (APDs) han abierto investigaciones formales en varios países: Francia, España, Italia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido. Cinco de estas APDs han llegado a decisiones finales, y se han impuestos multas y otras sanciones en contra de Google. Además, la autoridad Alemana correspondiente ha ordenado a Google modificar su política. Una acción como esta no se habría llevado a cabo si no fuera un asunto tan importante.
Uno debe ser consciente de que cierta ‘fuerza impulsora’ detrás del cambio en la política de privacidad de Google es su deseo de recoger y recopilar más datos sobre usuarios individuales, a partir de más de 60 diferentes productos ofrecidos por la compañía. En parte, esto da lugar a que cada vez haya una mayor focalización de los anuncios. De hecho, la gran mayoría de los ingresos de Google proviene de la venta de publicidad dirigida ($ 28.2 mil millones en el primer semestre de 2014), y para proteger sus ganancias Google, va a hacer todo lo posible para asegurarse de que mantienen sus enormes niveles de entrada de datos de usuarios, incluso si esto implica operar fuera de la ley.
Sin entrar en detalle de los muchos problemas con la política de privacidad ya revisada, los cuales ya están incluidos en el documento de ICOMP, destacan la falta de transparencia y la falta de obtención de un consentimiento válido de los usuarios. Con todo, uno debe ir más allá y mirar la situación desde una perspectiva más amplia.
Los datos son muy importantes. Cada vez más, los reguladores ven que los datos son clave en la Economía de Internet actual, y esos datos y el poder de mercado están muy relacionados entre sí. De hecho, la nueva Comisaria de Competencia Europea, Margrethe Vestager, ha dejado claro que los reguladores necesitan comprender mejor esta relación y que el ‘Big Data’ es “la moneda de Internet”.
Por supuesto, Google reconoció ya hace años el vínculo entre el dominio de datos y el poder de mercado. En un discurso en 2009, Eric Schmidt, dejó claro que la “escala es la clave” para la fuerza de Google en la búsqueda. Irónicamente, en un reciente discurso pronunciado en Alemania, el Sr. Schmidt hizo la absurda afirmación de que “usted no necesita los datos para competir en el ámbito online” y que Google “usó sólo unos pocos datos para encontrar la manera de responder a las consultas“. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿por qué Google recopila tantos datos del usuario? La respuesta a esta incómoda pregunta es que los datos se recogen y se utilizan para vender a los anunciantes; en la práctica, los usuarios de Google son, de hecho, su producto real y aquellas empresas que deseen colocar anuncios para los usuarios reales. Tal vez esto explica por qué Google está tan dispuesto a “centrarse en el usuario”.
La última de las declaraciones de Schmidt parece ser una pista falsa. Algo que de hecho Google está dispuesto a seguir utilizando a pesar de ser plenamente consciente de que es engañosa. Si este no es el caso, entonces Google seguramente estaría dispuesto a revertir su política de privacidad ilegal, haciendo que esta vez cumpliera con la legislación europea, y devolvería los derechos a los internautas europeos. Por otra parte, Google debería comprometerse a recoger la cantidad mínima de datos necesarios “para responder a las consultas”. Este es el reto que Google debe ahora responder.
