Transformación, innovación, digitalización… resuenan como un gran eco entre las paredes de los organismos públicos. Me consta que los responsables de Innovación, Transformación y Digitalización ponen todo de su parte para que sea así y que se produzca tanto un cambio cultural como organizativo, más allá del propiamente tecnológico, que sea capaz de hacer saltar la cerradura que abra las puertas a la implantación de nuevos procedimientos, ya sean estos internos como de cara a los ciudadanos, y convierta a la Administración Pública en un verdadero entorno data driven. En definitiva, soltar el lastre que supone cargar con una burocracia impropia de nuestros tiempos.
El gran reto de la AAPP es dejar de ser esa institución anquilosada en procedimientos lentos y burocratizados para convertirse en una Administración digital que pueda ofrecer servicios rápidos a los ciudadanos
Por un lado, el talento es uno de los caballos de batalla; hay, pero a cuentagotas y son los propios empleados los que esperan que la Administración les ofrezca unas condiciones que sí encuentran en el mercado, como sueldos acordes a su cargo, flexibilidad, conciliación laboral, etc. Nos encontramos a su vez a una ciudadanía que ya espera de la Administración que sea igual de digital que un banco. Es cierto que muchos trámites que antes se realizaban de forma presencial ahora se ejecutan de forma telemática; la pandemia ha estimulado la llegada de servicios electrónicos mejores, debido en gran parte a que se ha dado uso a las tecnologías de que disponían. Pero no es suficiente. Los servicios digitales deben ser proactivos, simples, que se pueda acceder a ellos a través de todos los canales digitales y, sobre todo, que faciliten la vida a los ciudadanos, que tengan una buena experiencia con la Administración. Y esto aún no se ha conseguido.
El gran reto de la Administración Pública es dejar de ser esa institución anquilosada en procedimientos lentos sumamente burocratizados para convertirse en una Administración digital que pueda ofrecer servicios rápidos a los ciudadanos mediante procesos ágiles totalmente automatizados. El argumento que asoma desde la Administración es que existe una parte regulatoria y normativa que va a otra velocidad, que ralentiza y dificulta la administración electrónica, que el ciudadano, paradójicamente, no ofrece sus datos con confianza cuando no dudan en darlos a empresas privadas. Quizás algo de razón no le falta, pero ya no valen más excusas.
