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A pesar de los innegables avances que ha experimentado el sector público, el Defensor del Pueblo elaboró un informe en octubre de 2020 sobre el impacto social y económico de la pandemia en los españoles y le dedicó dos capítulos completos a la Administración hablando de cuestiones como el mal diseño de los formularios, la falta de información o información inadecuada, la obligatoriedad de realizar trámites digitales para ciertas personas sin capacitación digital o sin recursos para ello o, en el caso contrario, la falta de medios digitales al servicio de aquellos que solo pueden hacerlos de esta manera… Una digitalización mal hecha puede generar exclusión social. Una visión que “aunque pueda parecer pesimista, nos hace poner los pies en la tierra y ver todo lo que tenemos que mejorar”, destacaron los responsables de TI de la Administración andaluza en el encuentro celebrado en Sevilla por Computing de la mano de IPM, a Ricoh Company, Ingecom y Commvault. “Aún queda mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto”, añadieron los expertos TIC.
Más que una Administración digital hay que crear una Administración omnicanal, con una visión global, pero que tenga en cuenta el target al que va dirigido cada servicio para personalizarlo
La Administración Pública andaluza está inmersa en un proceso de mejora continua de todos los servicios, la renovación de portales web, la optimización del catálogo de servicios al ciudadano, la implantación de chatbots o la capacitación digital y, todos ellos, desarrollados con la seguridad por bandera. Además de ello, los expertos reconocen que, aparte de la agilización de trámites, la mayoría de los desarrollos tienen como claro objetivo mejorar la atención al ciudadano basándose en la tecnología. “La pandemia ha puesto en la picota la relación de la AAPP con el ciudadano, para la mejora de la cual se están dedicando un gran número de recursos, siempre con una clara vocación de innovación”.
Gestión integral para un servicio individual
Todos los expertos reclamaron unánimemente una mayor interoperabilidad entre las distintas áreas e instituciones de la Junta de Andalucía, por no hablar del traspaso de datos con organismos públicos del resto de España. En el encuentro pusieron como ejemplo más flagrante las denuncias por violencia de género, en cuyo trámite no se podía saber “si una persona había pegado a una mujer en diferentes comunicades autónomas, ni siquiera conocer su historial redactado en otro juzgado”.
