Telefónica ha solicitado al Gobierno español el pago de una cantidad cercana a los 1.140 millones de euros (190.000 millones de pesetas) como compensación por la prestación del servicio universal, que obliga a la operadora presidida por César Alierta a ofrecer servicios de telecomunicaciones en lugares geográficos donde no resulta rentable. La operadora pretende que la Administración le financie los costes derivados de la prestación del servicio universal durante 1999.
Ahora es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) la que deberá resolver la solicitud presentada por Telefónica. El organismo regulador, que espera realizar una resolución a lo largo de este mes, se encuentra en proceso de evaluación de la petición, en el que deberá tener en cuenta cuestiones como las cuotas de mercado de las diferentes operadoras, verificación de términos propuestos por Telefónica y ciertos criterios relativos a la competencia del mercado, entre otros aspectos. En este sentido, la CMT deberá revisar la petición del montante económico solicitado por Telefónica, especificada en base a las estimaciones de la propia operadora, que evidentemente podrían verse modificadas a la baja.
La aprobación de la compensación económica para Telefónica también podría tener consecuencias para otras operadoras competidoras, que podrían asumir una parte de la cantidad que se habría de abonar a Telefónica.
