El proceso de liberalización del mercado de las telecomunicaciones ha generado un ahorro agregado para familias y empresas cercano a los 35.000 millones de euros en el período de 1998 a 2002, lo que equivale al 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del año 2002.
Según una respuesta parlamentaria, la apertura del sector de las telecomunicaciones ha beneficiado especialmente a las familias, que se han ahorrado unos 21.000 millones de euros entre 1998 y 2002, lo que equivale a más del 3 por ciento del PIB de 2002.
A este respecto, el Gobierno asegura que cabe esperar que tanto las economías familiares como las empresas continúen beneficiándose de ahorros en la factura telefónica, aunque estos ahorros pueden ser distintos en función de las pautas de consumo de los abonados y de la política de precios que adopte Telefónica.
Asimismo, reconoce que si Telefónica agotara el límite máximo de aumento establecido para la cuota de abono en 2004, del 4,35 por ciento, y compensara esta subida con bajadas en los precios de otros servicios, las economías más beneficiadas serían las que hacen un uso más intenso de los servicios que sufran una mayor rebaja.
No obstante, considera que no es posible determinar a priori qué tipo de consumidores resultarán más beneficiados, dado que depende de las decisiones que adopte Telefónica sobre su política de precios y de las pautas de consumo de los abonados, que incluso pueden cambiar de un año a otro.
Junto a esto, el Ejecutivo no considera necesario contemplar medidas compensatorias para un marco regulador de precios que de hecho supondrá un descenso real de las tarifas, pero recuerda que existe un abono social para jubilados y pensionistas con una renta familiar inferior al salario mínimo interprofesional. A finales de 2002 se beneficiaban de esta ventaja más de 450.000 abonados.
