ASTEL ve con intensa preocupación la posibilidad de que la leve competencia existente en el sector de la Administración Pública pueda desaparecer por completo si no se adoptan determinadas cautelas en la manera en la que se implementan determinadas medidas recogidas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en lo que respecta a la contratación de servicios de telecomunicaciones por parte de las organismos públicos de la Administración General del Estado.
Así, ASTEL ha tenido conocimiento de que dentro de dichas medidas se incluye la convocatoria de un macro – concurso de telecomunicaciones, que agruparía en un lote centralizado, cada uno de los servicios de telecomunicaciones que actualmente licitan, de manera independiente, nueve ministerios y sus organismos asociados.
Dado lo extraordinariamente voluminoso de cada uno de dichos lotes, y las particularidades del sector de las Telecomunicaciones, las posibilidades de competir con Telefónica, operador ya presente en dichos organismos, serían prácticamente nulas, conllevando por tanto dicho concurso un efecto devastador sobre la situación actual del sector de telecomunicaciones caracterizado, ya de por sí, por una mínima competencia efectiva. Así, tal y como recoge el informe Reina de las Administraciones Públicas, Telefónica ya copa una cuota de mercado de un 83% en este sector, habiéndose incrementado respecto de la del año anterior.
ASTEL apoya decididamente los objetivos de racionalización y reducción de costes que el ejecutivo español pretende lograr en la contratación pública de servicios de telecomunicaciones, habiendo sido precisamente sus miembros, los que a través de su inversión, innovación y competencia con Telefónica, han hecho, hasta la fecha, mayores aportes en este sentido.
Según fuentes de ASTEL, “la iniciativa del Gobierno puede ser una gran oportunidad para alcanzar, tres lustros después de la apertura formal a la competencia del mercado español de las telecomunicaciones, una concurrencia real en el seno de la AGE lo que encadenaría una serie de ventajas muy concretas y extensivas a muchos niveles en el país”.
Lo que ASTEL no comparte es que dichos objetivos sean incompatibles con un modelo de contratación pública abierto a la concurrencia de competidores, en el que se diseñe adecuadamente, entre otros, el tamaño de cada lote y se dé entrada al suministro en cada tipo de servicios a varios operadores. Dicho modelo pro–competitivo lejos de ser algo teórico, ha sido ya diseñado con éxito en algunos países de nuestro entorno como Italia o Reino Unido.
ASTEL entiende que el legítimo objetivo de reducción de costes no pueden obtenerse a costa de eliminar la competencia en el sector, pues tal política cortoplacista conllevaría en la práctica, la vuelta a una situación de monopolio de facto y con ello, en el largo plazo, a la pérdida de todas las ventajas que aporta la competencia en términos de inversión, innovación, competitividad y rebaja en precios. En este sentido es significativo el ejemplo del Ministerio del Interior, cuyos servicios no han salido nunca a concurso público y cuyos costes de servicios de telecomunicaciones son los únicos que han subido a lo largo de los años.
En este contexto, creemos que es imprescindible que el Gobierno incluya dentro de los objetivos a lograr en sus medidas de racionalización de la compra de servicios de telecomunicaciones, el de mantener y reforzar la competencia, apostando por modelos de contratación pública que permitan la concurrencia de varios operadores y que aporten al sector todas las ventajas en competitividad, innovación y precios que ello conlleva.
