Telefónica ha presentado ante Administración y sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) a cinco años (2003-2007) que afectará en global a 15.000 trabajadores de Telefónica de España, lo que representa el 37 por ciento de la fuerza laboral de la filial de telefonía fija. Fuentes de la operadora han asegurado que la mayor parte de estas «desvinculaciones voluntarias», que están pendientes de aprobación por parte del Ministerio de Trabajo, se producirán a través de bajas incentivadas, con el propósito de no generar costes adicionales a la Seguridad Social. No obstante, la compañía ha asegurado que el plan «será insuficiente si no va acompañado de un cambio en el marco regulador, tal como se propicia desde la Unión Europea». Para justificar su decisión, la compañía se ha referido al escaso crecimiento de este segmento de negocio, el cual está prácticamente estancado desde la irrupción de la telefonía móvil y en el que los precios han caído alrededor de un 50 por ciento como consecuencia de la entrada de la competencia; a la vigencia en nuestro país del marco regulatorio más exigente de Europa, y al hecho de que Telefónica ha tenido que soportar en solitario el coste del servicio universal.
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