El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Victor Domingo, abrió la Mesa dedicada a la Administración Pública apuntando directamente al “problema de fondo cultural y burocrático” que subyace al lento y desigual avance de la Administración Electrónica, que calificó de “incongruente” puesto que “cuando se trata de telematizar la visión no puede reducirse al ámbito político y debe englobar al conjunto de la ciudadanía”.
Desde esa perspectiva, el presidente de la AI hizo especial hincapié en las carencias de la Administración en materia de interactividad y accesibilidad, “donde estamos en el puesto 31 en el mundo, muy por debajo de la posición que nos correspondería en función del PIB”.
Existe un problema de base que explica esta situación y que puede superarse tomando como referencia el servicio on line de la Agencia Tributaria, que “se trata de una de las referencias más importantes y constituye un ejemplo a seguir teniendo en cuenta que se trata de un sitio absolutamente accesible que cumple la totalidad de los estándares y ofrece multitud de funcionalidades”, destacó. No obstante, la mayoría de las iniciativas on line de la Administración están lejos de gozar de ese grado de desarrollo. “Muchos sitios no dejan de ser páginas de teletexto que en su mayoría adolecen de una de las principales ventajas que otorga Internet: la interactividad”, denunció Domingo, que apuntó al voto electrónico como paradigma del e-Goverment. “La mayoría de los ciudadanos deberían que tener la posibilidad de votar electrónicamente”, subrayó.
Por otro lado, Domingo crítico duramente las carencias en materia de conectividad. “En este país contamos, según distintas fuentes, con entre 14 y 17 millones de internautas y sólo cinco millones accedemos por banda ancha; existen cuatro millones de ciudadanos que no pueden acceder a Internet a razón del sitio en el que viven y somos 16 los millones que no tenemos acceso al cable, sin olvidar que pagamos el ADSL más caro y lento de Europa”.
A la embestida de Víctor Domingo, siguió la reflexión de la responsable de la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de la Generalitat Valenciana, Blanca Martínez de Vallejo, que incidió en la necesidad de una visión estratégica como palanca de avance del proceso de transformación de las Administraciones Públicas. Esa visión, en opinión de Martínez, se ha visto eclipsada por una apuesta excesiva por la e. “El concepto de ciudadanía digital apareció mucho antes que el e-DNI”, ejemplificó.
Aludiendo a la aportación de los estudiosos de la interrelación de los entornos natural, humano y telemático, Martínez recordó que “si bien el ser humano termina conviviendo en los tres ámbitos, cada uno de ellos requiere de habilidades distintas”. Desde esa perspectiva y de acuerdo con Martínez, el boom y el desplome de la denominada nueva economía se derivó de una apuesta que no estuvo precedida de la necesaria transformación. “Hay que desmitificar el e-commerce, no porque no sea importante, sino porque se pretende imponer a pasos previos aún más importante”, entiende Martínez, quien aboga por “dejar de lado el concepto de e-pyme y apostar por el de i-pyme, es decir, una empresa que incorpora de forma inteligente las TIC a sus procesos de negocio”.
Por ese motivo, una aproximación exclusivamente cuantitativa no es viable. “En la Comunidad Valenciana tenemos 226 servicios on line, no informativos sino transaccionales, a los que en breve se incorporarán 30 más; pero el valor de estos servicios no existe si nadie los utiliza”, indicó. Desde esta perspectiva “el objetivo de la Administración no puede limitarse a ofrecer cada vez más servicios on line, sino que debe abordar el cambio”, aseguró Martínez, quien insistió en que “no sirve el modelo actual en el que los servicios nacen desconcentrados, existe una relativa centralización, pero no hablamos de interoperabilidad cuando la panacea sería que el ciudadano llegue a relacionarse con la Administración sin saber cuál de sus niveles le está atendiendo”.
En este punto resulta determinante escuchar a la sociedad puesto que “se pierde tiempo y esfuerzos en servicios que no interesan a los ciudadanos”, reconoce Martínez, quien considera que “ha llegado el momento de parar y replantear y así lo estamos haciendo en la Generalitat”. Y aunque ciertamente el futuro es la convergencia, Martínez matiza que “la convergencia es un instrumento de concierto, no un fin, y hay que trabajar en marcos de interoperabilidad puesto que ya no se sostiene otro escenario diferente”.
El plan de trabajo de la Generalitat Valenciana en materia de Sociedad de la Información se concreta en Avantic, que se puso en marcha en mayo de 2004 y se extiende hasta 2010. “Se trata de una viaje con grandes líneas estratégicas y proyectos con nombres y apellidos en el que no estamos solos, puesto que los proyectos se ponen en marcha junto con los agentes socio tecnológicos”. En este marco y como explica Martínez, “no solamente estamos transformando los servicios tradicionales, sino que cada vez aparecen más nuevos servicios e incluso, aunque el modelo de distribución de servicios ha sido de una manera, se puede cambiar”.
También el director del Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Red.es, Domingo Laborda, incidió en la determinación social de los nuevos retos que afrontan los poderes públicos, pero manifiesto su convencimiento de que “no hay ningún país que funcione mejor que sus instituciones y que los países mejor institucionalizados son los que mejor funcionan”.
En esta línea, Laborda facilitó una serie de datos que ponen de relieve el largo camino que queda por delante. Y es que sólo un 16,6 por ciento de los ciudadanos ha contactado con la Administración Pública a través de Internet, es decir, un fracción muy minoritaria frente al 80 por ciento que no ha empleado ese medio en sus relaciones con el sector público. No obstante, Laborda considera que aunque se trata de un crecimiento pequeño, “está en la pendiente correcta”.
Por otro lado y a la vista de los datos que maneja el Observatorio de Red.es, “la Administración central prevalece en la consulta para los impuestos, mientras que para el empleo público son las CCAAs las que ganan la carrera”, señaló Laborda, que constata que “las Administraciones son más diligentes para poner servicios para que los ciudadanos cumplan sus obligaciones, sobre todo fiscales, que para que disfruten de sus derechos”.
En un estadio más avanzado que contempla la descarga, la información que facilitó Laborda constata que “las CCAA suministran más formularios por Internet y en muchos aspectos las CCAA dan más servicios on line que el Estado en una proporción que en ciertos casos duplica o triplica”. Esto no significa sin embargo, en opinión de Laborda, que la labor de la Administración Central se peor que la de las CCAA, sino que “existen servicios que se han transferido a las CCAA que son más cercanos y necesarios”.
No obstante, en el estadio transaccional, de nuevo el Estado central supera a las CCAA y los ayuntamientos; si bien hay que recordar que existe un elemento clave de desviación. Y es que “los impuestos siguen siendo las transacciones que prevalecen”, como afirmó Laborda. De hecho, excluyendo a la Seguridad Social, la Agencia Tributaria realiza más transacciones que todos los restantes agentes juntos.
A la vista de estos datos y en opinión del experto, “para que haya e-Administración hay que superar los aspectos de infraestructura y desarrollar un modelo que esté enfocado a los ciudadanos y no a los procedimientos”. Y es que, de acuerdo con Laborda, “la e-Administración limitada a contenidos y servicios por Internet ha provocado una visión reduccionista”.
En ese estadio superior hacia el que caminamos, “detrás del front-office de la administración que me permite el registro, debe existir un back-office que posibilite obtener la información que se requiere de servidor a servidor sin obligar al ciudadano a actuar como workflow”, apuntó Laborda, que considera que “actualmente la interactividad está bastante bien resuelta y lo transaccional empieza a estarlo y recibirá un gran impulso con el e-DNI”.
Pero la celebración de los logros, no puede impedir ver las carencias. “El 62 por ciento de las microempresas no ven utilidad en las TIC y un 41 por ciento de los hogares muestra cierta actitud de rechazo a la tecnología”, recordó el directivo, que considera que el escaso grado de adopción tecnología en las empresas se explica porque “las pymes entienden que el avance les cuesta más de lo que les vale y existe una falta de liderazgo tanto de la Administración como de la gran empresa”.
