Los Contratos de Colaboración Público-Privada (CCPP) tienen hasta ahora un bajo índice de utilización en el sector de la tecnología, por lo que no se están aprovechando los beneficios que pueden aportar al funcionamiento de la Administración, según indica el Foro CPP-TIC (Foro para la Colaboración Público Privada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación).
Beatriz Juliá, Directora General del Foro CPP-TIC, considera necesario complementar las acciones que está desarrollando el Gobierno en materia TIC con una apuesta clara por la utilización de la colaboración público-privada como instrumento de contratación para reforzar sus efectos y alcanzar así unos ahorros inducidos de más de 750 millones de euros en los próximos 2 años. Para ello, Juliá señala cuatro medidas que se deberían adoptar en la Administración General del Estado, para obtener ahorros adicionales a aquellos que se produzcan por la aplicación del Plan CORA, estimados en 6.500 millones de euros para el conjunto de todas las administraciones públicas.
– Proponer proyectos de transformación en la AGE en los que las TIC jueguen un papel fundamental y actúen como palanca aceleradora en la hoja de ruta de la modernización y racionalización de su organización.
– Impulsar la utilización del Contrato de Colaboración Público Privada (CCPP) en la AGE desarrollando modelos de negocio adecuados y sostenibles de forma que permita avanzar inversiones (cuadro adjunto: el Capitulo 6 correspondiente a las inversiones TIC en la AGE se ha reducido un 67% desde el año 2008).
– Crear una Oficina Técnica de Colaboración Público-Privada que concentre el conocimiento y supervise las iniciativas TIC que se propongan bajo la modalidad de la colaboración público-privada, de modo que se consiga una mejor planificación y se gestionen los proyectos de manera más eficiente.
– Formación en Colaboración Público Privada que ayude al personal de la AGE en este modelo de contratación de las TIC y en la gestión de su ejecución.
El Contrato de Colaboración Público-Privada, además, favorece que la administración centre su actividad en la definición y control de los servicios públicos, para poder dedicar más esfuerzos y recursos a la consecución de mejores resultados para el ciudadano, apoyándose tecnológicamente.
