Desde su nacimiento oficial en 1992 como actividad institucionalizada con simultaneidad a la creación del Forcem, la formación continua ha experimentado una importante evolución en España, pero todavía sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes, especialmente cuando se compara su aplicación en las pymes españolas en relación con sus homólogas europeas.
Originalmente el modelo supuso un estímulo fundamental para la implantación de la formación continua en el tejido empresarial, pero con el tiempo empezó a necesitar una reforma urgente que llegó a finales de la pasada década con los III Acuerdos Nacionales de Formación Continua de diciembre de 2000, en base a los cuales el Gobierno se incorporó al órgano de gestión del Forcem que pasó de ser bipartito (sindicatos y patronal) a tripartito bajo la denominación de Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que actúa como entidad colaboradora del Servicio Público de Empleo Estatal para la gestión de las acciones subvencionadas en dicho ámbito.
A través de la publicación del Real Decreto 1046/2003 de 1 de agosto se puso en marcha un nuevo modelo de gestión de la formación continua que pretende facilitar a las empresas y, específicamente a las empresas de mediano y pequeño tamaño, el desarrollo de programas de formación para sus trabajadores mediante un nuevo procedimiento vía web más ágil, flexible y sencillo que les permite planificar y desarrollar la formación sin necesidad de ajustarse a las convocatorias anuales.
De esta forma, cada empresa dispone de un crédito para formación que puede conocer desde el principio del año con la posibilidad de hacerlo efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social tras la realización de la formación. Dicho crédito resulta de aplicar el porcentaje de bonificación establecido en la Ley anual de Presupuestos Generales en función del tamaño de la empresa a la cantidad ingresada por ésta durante el ejercicio anterior en concepto de formación profesional.
A pesar de esas facilidades y si bien es cierto que cada vez son más numerosas las empresas en las que la formación permanente de sus trabajadores constituye un componente clave de su estrategia de negocio, todavía hoy sigue siendo muy reducido apenas el 10 por ciento- el porcentaje de empresas que accede a las ayudas de formación disponibles a través del nuevo modelo de gestión de la formación continua. La problemática se agudiza aún más cuando se tiene en consideración el factor tamaño y el hecho de que en España el 85 por ciento de las empresas tienen nueve o menos trabajadores. Y es que mientras que la tasa media de participación en el nuevo sistema de formación continua de las empresas de más de 1.000 trabajadores alcanza el 74 por ciento, en el caso de las pymes de uno a cinco trabajadores este porcentaje desciende hasta el cinco por ciento.
La situación es paradójica teniendo en cuenta que, de acuerdo con los Marcos Comunitarios de Apoyo de España de los Objetivos 1 y 3 para el período 2000-2006, el mencionado texto legal considera trabajadores con prioridad en relación con las acciones de formación continua a aquellos que desarrollan su actividad en pymes (empresas con menos de 250 personas y un volumen de negocio anual de hasta 40 millones de euros o un balance general anual de hasta 27 millones de euros), y especialmente las de menos de 50 trabajadores; así como a las mujeres, personas con discapacidad, mayores de 45 años y trabajadores no cualificados.
Entre las razones que subyacen a esta situación se encuentran, por un lado el desconocimiento, y por otro, la falta de tiempo, recursos y una relativa complejidad, dado que las empresas tienen que disponer de firma digital para acceder a la aplicación informática de la Fundación Tripartita, informarse sobre la oferta de cursos existentes en el mercado, conocer y gestionar su crédito de formación o realizar las obligatorias comunicaciones con quince días de antelación del inicio y fin de las acciones formativas.
En este escenario, se muestra especialmente útil la fórmula de agrupación de empresas, entendiendo por ésta la unión de dos o más empresas con el fin de gestionar de forma conjunta su formación continua y, de hecho, se estima que hasta el momento se han constituido en este marco cerca de 1.800 agrupaciones empresariales.
En caso de que la agrupación esté constituida únicamente por empresas, una de ellas ha de asumir las funciones de entidad organizadora, pero la agrupación también puede confiar a una tercera entidad la asunción de las funciones propias de las entidades organizadoras. Esa es justamente la labor que realiza la compañía española proveedora de servicios de externalización de la formación para empresas, Garben, que ostenta el honor de ser la quinta agrupación que se constituyó en marzo de 2004- tras la entrada en vigor de la mencionada Orden Ministerial reguladora del nuevo modelo que, de acuerdo con el presidente de Garben, Manuel Garrido, “constituye una gran oportunidad para las pymes y sus trabajadores, aunque hasta la fecha el desconocimiento tanto de su derecho a unos fondos de formación, como de los mecanismos y procedimientos para gestionarlos de manera efectiva han hecho que todavía no se aproveche convenientemente”.
Facilitar los medios para transformar esa situación es el objetivo de Garben, cuya agrupación inició su andadura con 31 empresas que sumaban 2.542 empleados y actualmente integra a 76 empresas y más de 9.500 trabajadores. “Estamos jugando un papel que tradicionalmente estaba reservado a los agentes sociales”, comenta Garrido, quien entre las ventajas derivadas de la agrupación destaca “el ahorro de costes de gestión e impartición, las posibilidades de personalización de los planes de formación en base a las necesidades de los distintos perfiles profesionales con el apoyo de una organización experta y la garantía de calidad”.
En este sentido, Garben ha desarrollado una aplicación on line que entrará en operatividad a finales de marzo permitiendo a sus empresas agrupadas acceder al calendario de cursos y definir sus planes, mientras que Garben se hace cargo de los procesos asociados a la gestión.
