Las posiciones de los ministros de telecomunicaciones de la UE se encuentran divididas, pues mientras una parte argumenta que debería estar completamente prohibida esta práctica, otros miembros encuentran que simplemente basta con restringir el spam a aquellos destinatarios que hayan dado su consentimiento previo.
Esta cuestión ha provocado que se abran brechas en la Ley de Protección de Datos, donde ésta es una de las cuestiones a tratar dentro de una larga lista diseñada para proporcionar a los gobiernos más poder de actuación contra los criminales que utilicen las comunicaciones electrónicas.
Un área dentro de la asamblea europea se muestra de acuerdo con que los gobiernos deberían suspender de forma temporal las reglas de protección del consumidor, alegando razones de seguridad nacional.
La medida propuesta pasa por que los proveedores de servicios retengan archivos del usuario de forma indefinida, una idea a la que los empresarios se oponen debido al coste que genera.
