Las grandes empresas españolas de comercio electrónico a través de Internet no cuentan con una adecuada identificación, lo que sin duda se ha convertido en un freno para el despegue de esa actividad. Según pone de relieve un estudio realizado por Baquía Inteligencia hasta un 15 por ciento de las empresas de venta on line cometen fallos tan básicos como no poner en sus páginas la dirección, el teléfono de contacto, o la denominación social de la compañía.
Otro dato revelador es que sólo el cinco por ciento de las compañías indica el plazo de entrega de sus productos, mientras que el 15 por ciento informa sobre si dispone de un producto en stock o carece de él en cada momento.
El informe refleja que apenas hay negocios que se ajusten a la normativa de forma completa y entre las primeras causas de incumplimiento destaca tanto la dispersión legislativa –sólo directamente relacionadas con el comercio electrónico hay una docena de normas, señala el informe-, como la falta de experiencia de las tiendas y empresas on line.
Además, estos datos serían sólo la punta del iceberg según apunta Carlos Ochoa, responsable del informe si tenemos en cuenta que las tiendas analizadas son las más potentes del mercado, que por tanto se supone cuentan con más asesores, cabe deducir que en la realidad el número de empresas que incumple una parte de la normativa debe ser mucho más elevado.
Los aspectos negativos no terminan ahí, sino que el informe resalta que hasta el 25 por ciento de las compañías de comercio electrónico analizadas ni siquiera mencionan en su site web las condiciones generales de contratación, lo que contraviene leyes tan básicas en derecho mercantil como la Ley de Condiciones Generales de Contratación o la de Ordenación de Comercio Minorista e imposibilita al comprador la posibilidad de conocer las reglas que van a regir la transacción comercial.
Pero, siempre según el informe de Baquía Inteligencia, lo más preocupante se refiere a la protección de los datos personales. En este sentido, hasta un 30 por ciento de las empresas estudiadas se remiten a la LORTAD, una normativa que fue derogada en 1999 por la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal a la que ni siquiera hacen referencia.
