La Comunidad de Madrid reclama para s los impuestos derivados de la fusin Terra-Lycos, ya que en el momento de producirse la fusin, Terra gestionaba su negocio desde Madrid. Este impuesto supone un montante de 33,22 millones de euros.
Los hechos se remontan al mes de octubre de 2000, cuando la compaa Terra realiz una ampliacin de capital al fusionarse con Lycos, y pag el Impuesto de Operaciones Societarias a la Generalitat catalana, pues en aquel momento la compaa ya haba trasladado su sede social a Catalua. Segn la ley, el domicilio fiscal de una compaa se encuentra donde se ubica la sede social, a no ser que la direccin del negocio y la gestin administrativa se encuentre en otro lugar.
En este sentido, el viceconsejero de Hacienda de Madrid, Enrique Osorio, asegura que Terra-Lycos tena el domicilio social en Catalua, pero en aquel momento la direccin y la administracin del negocio se llevaba desde Pozuelo de Alarcn.
El caso se encuentra ahora en el seno de la Junta Arbitral, un organismo independiente compuesto por cuatro representantes de la Comunidad de Madrid, cuatro de la Generalitat y otros cuatro representantes del Gobierno central. Fue creada en 1997 por la Ley Orgnica de Financiacin de Comunidades Autnomas y emitir su resolucin pasadas las vacaciones de Semana Santa. El de Terra-Lycos ser el primer caso en el que este organismo se pronuncie sobre el domicilio de una empresa, y no una persona.
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