La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió el pasado mes de agosto un comunicado en el que informaba de que 11 empresas habrían sido sancionadas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública. Según la misma publicación, “la trama empresarial se repartió los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible para encarecer la contratación pública“. Las sanciones impuestas se elevan en su conjunto a 29,9 millones de euros.
Echando la vista atrás, el 8 de marzo de 2015 la CNMC recibió una denuncia, fruto de la campaña contra el fraude en la licitación pública que la CNMC lanzó hace año y medio. Tras las investigaciones realizadas y una vista pública con las empresas implicadas,”la CNMC considera acreditada una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, constitutiva de cártel“.
La trama empresarial se repartió los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales
Las empresas involucradas operaban en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos. En la mayoría de los casos estos contratos conllevan la integración física de personal de las empresas incoadas o de sus subcontratas en las plantillas de los clientes como personal de apoyo.
Entre los organismos afectados por el fraude se encuentran la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras. Las conductas ilícitas realizadas afectan a los procedimientos de contratación, que se hacían de diversas formas:
- Mediante la creación de UTE (Uniones temporales de Empresas) de carácter instrumental
- La subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación
- La presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados
- La cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos y a cambio de otro tipo de favores. Con todo ello reducían la competencia entre las empresas que se presentaban al concurso público.
Empresas participantes en el cártel
La intensidad de la participación de las empresas variaba en función del organismo que convocaba las licitaciones y del tipo de concurso. Según se apuna desde la CNMC, “los instigadores de la trama fueron dos: Indra y SAG“. En el caso de Indra Sistemas, el importe sancionador asciende a 13,5 millones de euros; mientras que en el de Software AG se sitúa en 6 millones. También se menciona a un grupo de nueve empresas con distintos grados de responsabilidad: Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next.
