Ignacio González y al menos otros diez colaboradores del expresidente de la Comunidad de Madrid han sido detenidos, dentro del marco de la denominada Operación Lezo, por el desvío de fondos de la empresa pública madrileña de gestión de agua, Canal de Isabel II, a través de una red de cuentas y sociedades en América Latina.
La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha gestionado registros en el propio canal, en la multinacional tecnológica Indra, también relacionada con la Operación Púnica; en las constructoras OHL y ACS; en la Agencia Informática y de Comunicaciones (IMC), la cual es una sociedad pública dependiente de la Comunidad de Madrid que también estuvo relacionada con la Púnica; en la compañía pública Mercasa, cuyo director de Operaciones y Estrategia es el hermano del expresidente, Pablo González, el cual también ha sido detenido, y en la firma de subastas Segre, propiedad de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.
Desde la Administración Autonómica de la capital española se desviaba, presuntamente, dinero de los fondos públicos en beneficio propio a través de una red de cuentas y sociedades con sede en Latinoamérica. De esta forma, varios colaboradores de Ignacio González han sido arrestados, como Edmundo Rodrigo Sobrino, expresidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Colombia.
Según el diario El Confidencial, la Audiencia Nacional ha pedido la extradición de Sebastiao Cristovam y Diego García Arias desde Brasil y Colombia, respectivamente. En el país carioca, la filial sudamericana del canal de agua madrileño adquirió el 75% de la sociedad Emissao Engenharia e Construçoes por 68 millones de reales brasileños (21’4 millones de euros), la cual un año después descendió a un valor contable de 5 millones de euros. Para materializar esta compra el canal utilizó una firma pantalla en Uruguay, gracias a lo que, según los investigadores, Ignacio González y sus colaboradores pudieron desviar parte del dinero abonado por el Canal de Isabel II a cuentas opacas en el extranjero.
