España ocupa el noveno puesto en un nuevo ranking mundial que analiza a 24 países en función de las políticas gubernamentales que influyen en el crecimiento del cloud computing, según ha informado la Business Software Alliance. Sin embargo, el actual mosaico de leyes y reglamentos contradictorios, país por país, amenaza con socavar el futuro prometedor que ofrece la computación en la nube. Ante este panorama y con la intención de aprovechar todo el potencial económico de esta industria, BSA insta a los gobiernos a que armonicen mejor sus políticas de cara a suavizar el flujo de datos a través de las fronteras.
El estudio BSA Global Cloud Scorecard, establece la primera clasificación sobre la preparación de los estados para impulsar el crecimiento de un mercado de la nube globalmente integrada. Este listado evalúa las normativas de las naciones que en conjunto representan el 80% de la información del mundo y la tecnología de las comunicaciones, y evalúa sus políticas en siete áreas: privacidad de los datos, ciberseguridad, cibercrimen, propiedad intelectual, interoperabilidad de la tecnología y armonización legal, libre comercio e infraestructura de TI.
Los cinco primeros clasificados son Japón, Australia, Alemania, Estados Unidos y Francia.
Entre las principales conclusiones del estudio referentes a la situación de nuestro país destacan:
• España tiene una legislación integral de privacidad, aunque depende en gran medida de un proceso de registro de datos que podría actuar como una barrera para los servicios de cloud computing.
• Posee, hasta la fecha, legislación relativa a delitos cibernéticos y ha ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Asimismo, dispone de una legislación específica sobre el comercio electrónico global y la firma electrónica, y los proveedores de Internet están libres de cualquier filtración de Internet o censura.
• En cuanto a la protección de la Propiedad Intelectual, existen algunas lagunas, en especial respecto a la responsabilidad de los proveedores de Internet. Estas carencias son, en parte, el resultado de la tensión entre los derechos de privacidad y los derechos de propiedad intelectual, y es necesario seguir trabajando para garantizar que esta cuestión no se convierta en una barrera para los servicios de cloud computing.
• España tiene una excelente infraestructura de TI y la penetración de banda ancha está creciendo rápidamente.
Por otra parte, el informe indica que a nivel mundial, existe una marcada división en la preparación de la nube entre las economías avanzadas y el mundo en desarrollo. Japón, Estados Unidos y la UE han establecido sólidas bases legales y reglamentarias para apoyar el crecimiento de esta tecnología, mientras que países como China, India y Brasil, tienen más trabajo que hacer para integrarse en el mercado global de la nube.
Finalmente, el hallazgo más sorprendente del estudio es que algunos de los países que lo están haciendo bien también tienen leyes y reglamentos en construcción que entran en conflicto con otros países. Por ejemplo, la propuesta de la Unión Europea de Reglamento de Protección de Datos podría socavar la escala potencial y el impacto económico de la nube.
La BSA da directrices al respecto
BSA propone un modelo de política para los gobiernos de todo el mundo basada en estos siete puntos de cara a ampliar las oportunidades económicas en la nube:
1. Proteger la privacidad de los usuarios al tiempo que se permite el libre flujo de datos y el comercio.
2. Promover prácticas avanzadas de seguridad cibernética sin requerir el uso de tecnologías específicas.
3. Combatir el cibercrimen con medidas disuasorias y causas claras de acción contra los delincuentes.
4. Proporcionar una protección sólida y la aplicación rigurosa contra la apropiación indebida y la violación de las tecnologías de cloud computing.
5. Fomentar laapertura y la interoperabilidad entre los proveedores y soluciones de cloud computing
6. Promover el libre comercio mediante la reducción de barreras y la eliminación de las preferencias para determinados productos o empresas
7. Proporcionar incentivos para que el sector privado invierta en infraestructura de banda ancha, y promover el acceso universal a la misma entre los ciudadanos.
