Una parte de mi primer trabajo, hace algunos años ya, consistía en desgranar para la organización de marketing de HP las ventajas de las Tecnologías de la Información para las Administraciones Públicas. Todos los productos HP integraban características para favorecer la escalabilidad, la potencia y la protección de la inversión ya que el crecimiento de las plataformas era lo que más preocupaba a los CIO en aquel momento. Esas tecnologías daban soporte a procesos que evolucionaban hacia una mayor complejidad, como lo hacía la sociedad española de aquel entonces.
La complejidad de las administraciones públicas ha seguido creciendo desde entonces. Pongo de relieve algunos datos, facilitados por el presidente de CEOE a finales del mes pasado. En 2011, se aprobaron 2.896 normas de carácter estatal y otras 10.261 de origen autonómico. Al año siguiente, las páginas publicadas por el BOE ascendieron a 151.133, mientras que los distintos diarios y boletines oficiales de las comunidades autónomas sumaron otras 715.009. A ello hay que añadir la producción legislativa emanada de Bruselas, sin contar con las 5.800 normas de 28 sectores económicos distintos que podrían estar afectando a la unidad de mercado en España, según reconoce ahora el propio gobierno.
De semejante marasmo, me permito extraer dos consecuencias para las TIC que, junto con el personal de las administraciones públicas, son el verdadero soporte de estos procesos: en primer lugar, los productos TIC desde hace años favorecen la agilidad de la administración y la modularidad con el fin de reducir los costes de una manera sustancial. En segundo lugar, es necesario disminuir la complejidad y consolidar los sistemas para ahorrar, no sólo dinero sino también en complejidad.
Es permisible que cada comunidad autónoma tenga su propio site informático; sin embargo, por poner un ejemplo, la Junta de Extremadura tiene más de una docena y eso es algo común a la mayoría de las comunidades autónomas. En la empresa privada, y sin mencionar nombres, una de las compañías más grandes de este país tiene sólo dos sites principales –y son dos porque están replicados por seguridad- y opera no sólo en toda España, sino en la mitad del planeta.
En un momento en que se plantea la reforma de la Administración Pública española, más como micro-reforma con tintes de marketing político que como la macro-reforma real que necesita, sería muy bueno considerar si las TIC, las verdaderas armas de propulsión del valor añadido y de reducción del gasto, deberían ser recortadas o, en cambio, promovidas.
Para poner el problema en perspectiva, sólo quiero recordar que la frondosa arboleda del estado absorbe entre un 7% y un 10% del PIB –ni siquiera esto está del todo claro- y que ese gasto podría reducirse fácilmente en una cuarta parte con una clara separación de funciones y una correcta inversión en Tecnologías de la Información, que debería ser mucho mayor que ahora para ahorrar, aunque se está haciendo exactamente lo contrario. Hablamos de más de 25,000 millones de euros de ahorro anuales para las arcas del estado, más probablemente otros tantos en gastos que soportan directamente el ciudadano y las empresas.
Si no se aborda esta cuestión, la alternativa es la subida de impuestos indirectos, directos, especiales, autonómicos y municipales, además de la reducción de la protección social, lo que reducirá la competitividad de las empresas y presionará hacia abajo a las clases medias, convirtiendo a España a medio plazo en un país de segunda clase.
Sin entrar en lodos políticos, que no es mi intención, es absolutamente claro que es necesario racionalizar tanto la estructura como la forma de pensar de la Administración Pública acerca del uso de las Tecnologías. Las TIC son el mayor driver de valor añadido y de reducción del gasto del que se dispone en la actualidad.
