El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha publicado una resolución en la que modifica su propia doctrina sobre el criterio de adjudicación precio para las Administraciones Públicas, estableciendo ahora que sí se pueden establecer “umbrales de saciedad”, de forma que cumple con la Directiva 2014/24/UE.
Para justificar este cambio en la doctrina, el Tribunal establece que “si el órgano de contratación puede reducir la ponderación del criterio precio respecto de los demás criterios objetivo y subjetivos, con mayor razón puede aumentar la ponderación de aquél y fijar un límite máximo de la reducción de precio que los licitadores pueden ofertar a partir del cual no obtengan puntos adicionales, con lo que se cumple el criterio del TJUE de que una oferta más cara obtenga más puntos que otra de precio inferior a aquella”.
En qué consiste el criterio de umbral de saciedad
La licitación de contratos públicos incluye el precio de la oferta como uno de los criterios de valoración, al que se le aplica una fórmula de aplicación automática. Para determinar dicha fórmula se incluyen algunos límites que evitan la nulidad del pliego, entre los que se encuentra, por ejemplo, el establecimiento de umbrales de saciedad, de manera que una oferta excesivamente baja en precio no reciba una puntuación superior a otra con un precio más alto pero probablemente más coherente con la realidad.
La resolución del Tribunal significa, según Carlos Canitrot, director de consultoría de AdjudicacionesTIC, que “a partir de ahora será posible establecer un índice de saciedad en la configuración o aplicación del criterio precio cuando opere con otros criterios objetivos y subjetivos”.
Esta nueva situación puede modificar la tendencia al alza en las inversiones públicas en tecnología en lo que queda de año. Durante el segundo trimestre de 2019, según el Barómetro de la Inversión TIC en las Administraciones Públicas en España de AdjudicacionesTIC, la inversión total en productos y servicios tecnológicos realizada por el conjunto de las AAPP en España ascendió a 1.479,74 millones de euros, de los cuales 107,7 millones de euros fueron realizados mediante el proceso de compra centralizada (Acuerdos Marco de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación) y 1.372 millones de euros por licitación. Estas cifras suponen un aumento notable de la inversión, ya que se pasó de 497 millones de euros en el primer trimestre a casi 1.480 millones de euros entre abril y junio, lo que supone un crecimiento en la inversión cercano al 200%.
