Nuestra economía avanza más deprisa que ninguna otra de las principales de Europa: un tercio más que el conjunto de la Eurozona o que Alemania, y casi el doble que Francia y Reino Unido; seguimos ganando competitividad con una evolución contenida de la inflación, de los costes laborales unitarios y de los márgenes de precios respecto a otros países de la zona Euro; el déficit está encarrilado para bajar en 2018 con toda seguridad del listón psicológico del 3%; los hogares y las empresas han reducido sus niveles de deuda, incluso por debajo del promedio de la Eurozona; la tasa de paro ha disminuido en casi once puntos hasta rondar el 16%, con una recuperación de cerca del 70% de la afiliación a la Seguridad Social perdida durante la crisis, y manteniendo un superávit en nuestra balanza de pagos con el exterior…
Todas las miradas se dirigen, pues, al nordeste de la Península, a una región que aporta aproximadamente uno de cada cinco euros de nuestro Producto Interior Bruto y cuya incertidumbre política, liberada por el proceso independentista, podría acabar ralentizando la recuperación del conjunto del país. Cataluña es la primera en empezar a sufrir los efectos de la crisis separatista: unas 3.000 empresas, entre ellas algunas de las mayores, más emblemáticas y arraigadas de la Comunidad Autónoma, han huido de allí; el desempleo crece en la región por encima de la media del resto del país: el mes de noviembre, con 7.391 parados más, fue el peor desde 2009, en plena crisis económica.
