Hace casi año y medio (26 de octubre de 2012) de la creación del CORA (Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas) -nacida con el ambicioso objetivo de corregir las ineficiencias y redundancias del sector público español- y más de medio (junio de 2013) de la publicación de un informe que radiografiaba la situación existente e identificaba actuaciones a ejecutar, presentando un total de 219 propuestas de medidas, de las que 137 afectaban al Estado y las Comunidades Autónomas y 82 exclusivamente a la Administración General del Estado.
En paralelo, en junio de 2013, se crea la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración (OPERA), que presenta en septiembre un primer informe trimestral de seguimiento del cumplimiento de las medidas incluidas en el CORA, y en enero de 2014 un informe anual con el mismo propósito.
En julio de 2013 y basándome en el mencionado informe de junio del mismo año, realicé un estudio de evaluación general sobre CORA, pero ciñéndome fundamentalmente a su implicación en el sector TIC, en el que destacaba las medidas previstas (una docena) así como algunos aspectos de concepto en relación a este sector, que todo hay que decirlo, no aparece en dicho informe con personalidad propia; a pesar de que una de las propuestas más llamativas era la creación del puesto del CIO (Chief Information Officer) de la Administración General del Estado, es decir, algo así como supremo ‘gobernante’ de las TIC en las AAPP.
Algunas de las cuestiones anunciadas a nivel general, sobre todo a nivel normativo, sí han llegado a producirse: también la supresión de numerosos organismos caducos o redundantes. Sin embargo, en relación con las TIC solo las más fáciles, como la creación de dicho nuevo órgano rector a nivel central, para la ‘gobernanza’ del sector, haciéndolo depender de Presidencia (Soraya Sáenz de Santamaría) y por supuesto la designación de su responsable (Domingo Molina Moscoso), que por cierto ha sido muy bien acogido en los medios profesionales por su demostrada capacidad. También la creación de la citada Oficina, cuyo segundo informe (resumen anual) ya ha aparecido como decía, pero seguimos esperando la ‘hoja de ruta’ prometida por el nuevo CIO a principio de octubre para antes de tres meses, y aún inédita. Sí ha aparecido, un bien estructurado pero densísimo modelo normalizado de ‘fichas de medidas’ a adoptar, que por sí mismo ya da idea de lo complejo de la tarea a resolver, principalmente por la maraña legislativa y la variedad y reiteración de órganos, funciones y cometidos que hoy ocupan en gran medida a la Administración, y cuya reforma, eliminación o simplificación se pretende, con buen criterio, resolver.
Clara necesidad pues, buenos propósitos, nuevas estructuras… y como resultado práctico de lo mencionado en relación a las TIC: la recién aprobada Ley General de Telecomunicaciones, que apunta positivamente a una mayor competencia en el sector pudiendo compartir infraestructuras, favoreciendo al mismo tiempo su despliegue, y tendiendo a una necesaria simplificación administrativa. Otras, como la creación de una base de datos sanitaria nacional y el impulso de la admisión de certificados electrónicos por parte de las administraciones públicas han tenido -como reconoce el propio informe- como destinatarios finales al ciudadano y la empresa simplificando así sus relaciones con las distintas administraciones públicas y reduciendo las cargas administrativas. En esta línea cabe destacar la inscripción de nacimientos y defunciones desde los propios centros sanitarios, el tablón edictal y las notificaciones y subastas electrónicas que permitirán que el ciudadano interactúe ante las diversas administraciones de forma más cómoda y fiable, desde una única sede electrónica. La creación de la ‘Dirección general de racionalización y centralización de la contratación’ apunta a la integración de los grandes contratos de suministros y servicios de la AGE (por ejemplo la posibilidad de un contrato de telecomunicaciones integrado para toda la Administración General del Estado).
Pero la medida estrella para “favorecer la digitalización de la sociedad”, es la ya comentada creación de una Dirección y un responsable (CIO) que elaborará la estrategia e impulsará la transformación digital de las administraciones públicas, y que como ya he dicho está pendiente de publicar su anunciada ‘hoja de ruta’.
