Contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones en España, promoviendo la creación de riqueza y empleo estable; ejercer la representación, gestión y defensa de los intereses empresariales de los operadores alternativos de las telecomunicaciones; fomentar el principio de la libertad de acceso a este mercado y aunar fuerzas para actuar contra cualquier actividad o conducta que pretenda restringir la competencia en el sector son los objetivos que marcaron el nacimiento de Astel (Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones). Una entidad que, según Félix Álvarez-Miranda, su director general, está integrada actualmente por 35 miembros que representan a la gran mayoría de los operadores entrantes de todos los segmentos telefonía fija y móvil; operadores de datos; de infraestructuras tanto de fibra de gran capacidad como de cable, de acceso radio u óptico; operadores de acceso al bucle, de tarjetas y de cabinas públicas y revendedores de servicios.
Desde su experiencia como máximo responsable de Astel, Félix Álvarez-Miranda, expone su punto de vista en torno al grado de liberalización alcanzado por las telecomunicaciones españolas cuando se han cumplido dos años y medio desde que la apertura se materializara el uno de diciembre de 1998. En este sentido, comenta si bien la regulación corresponde a la de un sector económico liberalizado, siguiendo las directivas europeas correspondientes, el grado de competencia efectiva en el mercado es pequeño. Una realidad que el directivo atribuye a dos razones el escaso tiempo transcurrido desde la fecha de la liberalización, que para la mayoría de los operadores y servicios se produjo en diciembre de 1998 y los obstáculos que se han presentado en la apertura del bucle local.
A juicio de Álvarez-Miranda, aún hoy, existen factores restrictivos de la competencia importantes, que varían según los segmentos. Para ilustrar el tema, Álvarez-Miranda explica por ejemplo en el ámbito de la telefonía, los nuevos entrantes se encuentran con dos alternativas bien desplegar una red de larga distancia, constituyéndose en operador de tráfico indirecto o bien invertir en nuevas redes de acceso como operador de tráfico directo. Mientras que el primero tiene la ventaja de poderse dirigir a corto plazo a la generalidad de los usuarios, el de acceso tiene que ir construyendo paulatinamente su red local, lo que sólo conseguirá hacer parcialmente y a medio plazo, como es el caso de las redes de cable, comenta. Además Astel se queja de que el operador de tráfico directo ha de sufrir las dificultades inherentes a obtener de las autoridades locales las licencias para acometer las obras, lo que supone gravosas gestiones e innumerables retrasos.
Desde el punto de vista de las tarifas, en el primer caso, el margen económico del operador entrante está entre los precios del dominante, ambos regulados, el precio al usuario final que debe de batir para poder competir, y los precios de interconexión de acceso y terminación, los cuales debe pagar al operador dominante, que es el que en la mayoría de los casos le provee los accesos. En referencia a la segunda de las opciones, la de tráfico directo, el responsable afirma aunque en este caso el precio al usuario final sigue siendo la referencia a batir, la dependencia de estos es menor. Pero los precios de interconexión influyen menos porque normalmente el nuevo operador paga por la terminación de las llamadas que generan sus clientes pero cobra por las que acaban en él. En este caso, comenta sólo puede mantener su negocio durante el tiempo que tarda en cerrarse la brecha entre precios al consumidor y precios de interconexión. Un punto en el que entra en juego la normativa de tarifas del operador dominante.
Álvarez-Miranda cree que el Gobierno no ha esperado a que el despliegue de nuevas redes actúe sobre los precios al consumidor, sino que ha sujetado éstos a una regulación de precios máximos que los hace descender en términos reales y que es de tal severidad que reducirá a la mitad en dos años las tarifas de larga distancia del operador dominante. A este respecto el directivo asegura que esto podría ser asumido por parte de los nuevos operadores si no viniera acompañado de una oferta de descuentos muy agresiva centrados en aquellos segmentos de mercado donde se está estableciendo competencia. Indica este profesional, quizá estemos ante el agotamiento prematuro del modelo de tráfico indirecto por estrechamiento de su margen económico.
Pero parece que no son estos los únicos factores restrictivos de la competencia en opinión de Astel. Existen también una serie de comportamientos anticompetitivos en los procedimientos de preselección de operador, que la asociación ha denunciado ante la CMT.
En el lado contrario de la moneda, Félix Álvarez-Miranda destaca la rapidez en la implantación de los servicios móviles GSM, que han llegado en pocos años al conjunto de la población. El desafío está ahora en incorporar el acceso a Internet a las redes móviles, algo que llegará definitivamente de la mano de la tecnología UMTS. En relación con este asunto, Álvarez-Miranda comenta en el planteamiento de estas nuevas infraestructuras la mayor parte de los Gobiernos europeos se han dejado llevar por su afán recaudatorio, subastando el espectro necesario o imponiendo, como en el caso español, una cuantiosa tasa anual. Unas decisiones que han endeudado de tal forma a los grandes operadores de telecomunicaciones que su valor en bolsa ha quedado profundamente afectado, lo que les priva de su capacidad inversora.
Ante esta situación, el representante de Astel asegura estamos ante una flagrante contradicción entre dos objetivos políticos el recaudatorio a corto plazo y el de desarrollo a medio de una sociedad más informada y productiva.
Centrándose en el caso español, el directivo comenta la tasa impuesta afecta además al resto de operadores que utilizan el espectro, como los de acceso radio o los que ofrecen plataformas digitales de televisión. Desde su posición afirma que se debería buscar una solución a nivel europeo que supusiera la desaparición de estas cargas que de tal manera frenan la introducción de los servicios móviles avanzados.
Entrando en el capítulo del acceso a la Red, el directivo también encuentra importantes barreras al establecimiento de la competencia. En este caso, la tarea de liberalizar las telecomunicaciones está resultando difícil y costosa. El servicio de acceso indirecto ADSL de Telefónica se planteó de tal forma que ha resultado poco menos que imposible que el servicio pueda ser ofrecido hasta hoy por otros operadores, y con unas condiciones que no permiten que alcancen margen económico alguno con su provisión. El caso fue denunciado por Astel ante la Comisión Europea, y hoy se encuentra ante las autoridades reguladoras de la competencia en España.
Valorando la decisión del Gobierno de retirar el concurso para la adjudicación de las nuevas licencias GSM, así como la irrupción de revendedores y de operadores virtuales, el directivo se mostró realmente diplomático al referirse tanto a las cuantiosas inversiones de los operadores actuales en redes como a las justificadas demandas de otros operadores de poder ofrecer servicios móviles.
Profundizando en la cuestión del bucle local, Álvarez-Miranda asegura que las restricciones son patentes por que en la práctica es que el procedimiento de coubicación contenido en la regulación se ha mostrado intratable. Para el directivo el problema radica en que, en general, las salas de coubicación se han planteado demasiado grandes para las necesidades actuales de los operadores, lo que produce unos precios excesivos para la coubicación, que les obligan a abandonar el procedimiento, dando lugar a ciclos de recálculo del precio. Pero dado que las salas no se redimensionan el precio se incrementa exponencialmente para los operadores que permanecen, habiendo llegado a ser de hasta treinta millones de pesetas por operador para algunas centrales, lo que representa multiplicar por cuatro o cinco los precios medios de otros países. Asegura Álvarez-Miranda que en el primer tramo publicado de 50 centrales ha habido ya hasta cinco ciclos de recálculo, sin que las centrales entren definitivamente en la fase de proyecto específico (sólo se sabe de una central que haya alcanzado esta fase).
Por último indicar que Astel ha pedido a la CMT que intervenga para cambiar el proceso de coubicación, de modo que se dimensionen las centrales de acuerdo con la demanda de espacio en cada una de ellas y se eviten los ciclos de recálculo. Será empezar de nuevo el proceso de coubicación, lo que supondrá que la apertura no llegará hasta final de año.
