Desde finales de los años ’90 y principios de los 2000, Internet causó una auténtica transformación en la vida de las personas. Hoy, tanto en lo cultural, como en lo tecnológico, llega el momento de abordar un nuevo salto cualitativo, aprovechando todo el potencial de la tecnología Web para alcanzar una interconexión no sólo en el sentido físico, sino también en el sentido lógico de la palabra. El concepto Web 2.0, en este sentido, se constituye como una estructura cualitativamente diferente de software social, como un espacio de interacción pública, frente a la Web 1.0 entendida como un espacio para el almacenamiento de información. Hemos pasado de hablar sobre la Web, en los ’90, a hablar del potencial de los Portales Internet allá al principio de los años 2000, para discutir hoy las capacidades de las Comunidades en Red.
El número de definiciones sobre lo que supondrá la aplicación de la Web 2.0 al ámbito de las Administraciones Públicas es amplísimo. Todas estas definiciones, sin embargo, giran alrededor de una idea básica en la que Internet se transforma, de un almacén global de información y servicios de la Administración, en un espacio global de interacción entre Gobiernos y ciudadano. El objetivo perseguido con este espacio y sus diversas formas de aplicación es proporcionar un punto de encuentro donde tengan cabida todos los agentes que intervienen en la sociedad actual. Dicho espacio debe ser capaz de soportar a la auténtica Sociedad de la Información cuyo embrión, en el fondo, representa.
Un espacio de interacción que no es ajeno a las normas
El concepto de la Web 2.0 aplicado al ámbito del Gobierno, sin embargo, no nace alejado de las normativas y procedimientos que rigen la Administración, pensado para su aplicación en aquellas áreas donde el mismo pueda aportar un mayor grado de interactuación. El Gobierno 2.0, de este modo, permitirá a la Administración Pública dar un mayor protagonismo al ciudadano, impulsando su participación activa en la sociedad a través de la interacción ciudadano – Gobierno.
El potencial del Gobierno 2.0 es enorme y con múltiples ámbitos de aplicación. Entre ellos, podríamos destacar algunos como: el área de Bienestar Social (gestión proactiva de colectivos con problemáticas específicas, apoyo a la Ley de Dependencia; prevención de la violencia de género, foros de colaboradores y asistentes sociales, etc.), de la Sanidad (foros médicos, foros de pacientes con preocupaciones determinadas, etc.); el área de relación administrativa (para la creación de espacios comunes de contratación, solicitud de subvenciones, colectivos profesionales), en la participación de la ciudadanía en la acción de gobierno (servicios de participación y notificación ciudadana, reclamación de derechos y deberes o la democracia electrónica) y un largo etc.
Otros ámbitos donde el Gobierno 2.0 puede desplegar todo su potencial es asimismo el de la Educación, el del Empleo y las Políticas Activas o el del Turismo. Un especial interés merece, asimismo, el beneficio que encierra el uso interno de la Web 2.0 en la propia Administración, aplicando este concepto a las Intranets corporativas y desplegando el enorme potencial para la difusión de conocimiento dentro de la propia Administración.
Transformación basada en las TI
El objetivo que subyace en todas estas múltiples aplicaciones de la Web 2.0 al Gobierno es un trabajo conjunto por parte de los ciudadanos (que comparten información, conocimientos, experiencias, sugerencias o quejas) para la consecución de objetivos comunes, en su relación con la Administración. La llegada del Gobierno 2.0 supondrá un importante cambio cultural y la llegada de un nuevo modelo de gestión pública, donde el liderazgo político a nivel de estado, comunidad o localidad concreta se verá fortalecido con la colaboración activa de los ciudadanos. El Gobierno 2.0, en este sentido, muestra su clara orientación hacia una mayor participación ciudadana, como vehículo para la aportación de ideas a la Gestión Pública.
En los últimos años, Internet junto con otras múltiples tecnologías han influenciado claramente esta transformación de la Administración, que ha transcurrido a través de varias fases: una primera, de adopción de las TI por parte de los Gobiernos con el fin de aportar nuevos servicios; una segunda en la que las Administraciones Públicas no sólo se apoyan en las nuevas tecnologías, sino que además las utilizan para acercarse más al ciudadano; y una tercera, en la que nos encontramos en la actualidad, donde la Administración no sólo aprovecha las últimas TI para la prestación de servicios, sino que además utiliza estas tecnologías para transformar y adaptar dichos servicios a las necesidades específicas del ciudadano.
El papel de los proveedores e integradores de TI en todas estas fases de transformación está siendo importante, apoyando desde el desarrollo y aplicación de las metodologías necesarias para el desarrollo de nuevos entornos, pasando por la creación de soluciones, servicios y tecnologías propias para la capacitación de la Administración, hasta su ayuda en estas nuevas fases de consolidación de los servicios públicos con el desarrollo de métricas y otros elementos TI de apoyo que permitan la gestión completa de la entidad pública con la colaboración de los ciudadanos.
La aplicación de un paradigma no exento de retos
Junto con los múltiples beneficios esperados, sin embargo, la llegada del Gobierno 2.0 encierra importantes retos, que deben ser considerados y gestionados de manera adecuada. Tanto desde el punto de vista tecnológico, como de procedimientos, la implantación de este concepto abarcará a todos los entes de la Administración, haciendo necesaria una descentralización en la generación de contenidos y su integración con otros múltiples sistemas, dentro de un proceso de sincronización e interoperación que representará unos retos a considerar.
En el proceso de implantación del Gobierno 2.0 se debe gestionar la posible sobrecarga de información, causada por la alta demanda de contenidos en tiempo real, salvaguardar su confidencialidad, en el caso de información sensible, y asegurar su consulta acorde a la legislación vigente en materia de protección de datos, protección de la intimidad y derechos de los ciudadanos, sin que se pierda la responsabilidad sobre dicha información por parte de la Administración.
Otro punto clave que debemos vigilar muy de cerca en la materialización del Gobierno 2.0 es el autocontrol de los entornos de opinión que lo componen y el equilibrio en la influencia que deberían poder ejercer en la fijación de las prioridades públicas las voluntades individuales frente a las voluntades colectivas, tratándose de un entorno que gozará de todo el potencial inherente a la democracia electrónica.
El Gobierno 2.0, de esta manera y a modo de conclusión, debe decir “sí” a los entornos colaborativos, empezando por entornos bien definidos o acotados; “sí” a la opinión abierta, pero gestionada, y “sí” a la participación ciudadana en la acción de Gobierno, siempre y cuando ésta última no quede excesivamente influenciada por demandas particulares en detrimento de los intereses colectivos y cuando su influencia no impida el mantenimiento de una línea clara en la acción de gestión pública.
