A día de hoy, el desarrollo de una Justicia tecnológicamente avanzada es una necesidad y un requisito. No se puede permanecer ajeno a la realidad y ésta necesita ajustarse a la evolución, marcada especialmente por el desarrollo de las TIC, que está dando lugar a una sociedad más compleja y dinámica donde cada vez se demandan más servicios públicos y las administraciones deben estar preparadas para ello. Pero, además, la Justicia española se caracteriza por una ineficiente organización, por su lentitud y dilación, haciendo que las decisiones no se obtengan ni se ejecuten en un tiempo razonable. Por este motivo, la Fundación Telefónica, en colaboración con el Observatorio de la Justicia de la Fundación Wolters Kluver, ha elaborado el libro ‘Las TIC en la Justicia del futuro’, presentado la semana pasada. Se trata de un informe que analiza el estado actual de la Administración de la Justicia española y que define sus retos y necesidades con la finalidad de establecer soluciones que la encaminen hacia un modelo de Justicia en Red.
En realidad, la Administración de la Justicia ya hace uso de nuevas tecnologías. En general, los distintos órganos cuentas con infraestructuras básicas, tanto hardware como software. Pero no es suficiente, y para hacer una idea de toda esta incorporación de las TIC en la Justicia también hay que hacer referencia al presupuesto del que dispone para ello. Según datos de este mismo año 2009, la Administración General del Estado (AGE) decida más de 87 millones de euros a la incorporación de las TIC en este ámbito. Una cifra que supone el 5,3 por ciento del presupuesto que se destina en general a Justicia, estando por detrás de otros como Sanidad (con un 7,2 por ciento), Economía y Hacienda (con un 10 por ciento), e Industria, Turismo y comercio (con un 12,7 por ciento). No obstante, y a pesar de todo, de poco sirve la inversión presupuestaria si los medios con los que se cuentan, como las TIC, siguen sin ser los idóneos y no se corresponden con la nueva realidad. En este sentido, Enrique López, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalaba los retos y las áreas donde no sólo las nuevas tecnologías pueden aportar más valor, sino también el propio personal.
Retos y oportunidades
En primer lugar, “la Justicia debe organizarse, ya que no se puede modernizar el caos”. En este sentido, las TIC favorecen la creación de un nuevo mapa judicial y a la deslocalización, dejando que el lugar físico sea algo necesario y determinante. A ello se le une la necesidad de un cambio cultural del personal, como un punto importante para la gestión del cambio. De acuerdo con López, ésta conlleva como requisitos un necesario liderazgo definido a la hora de implantar las soluciones TIC basado en la coordinación y en un fin común de incorporación de la tecnología.
Pero todo eso, “no será totalmente posible si no se eleva la interoperabilidad entre todos los centros y agentes (otro de los grandes retos), como un concepto básico en la Administraron de Justicia a nivel organizativo, semántico y tecnológico”. Algo que ciertamente no resulta nada sencillo si tenemos en cuenta que la Justicia española está compuesta por numerosos órganos: 3.589 jurisdicciones, 1.973 Tribunales Superiores de Justicia, 7.680 juzgados de paz y 124 fiscalías.
En paralelo, al mismo tiempo que son necesarias solventar necesidades internas, la sociedad demanda una justicia más accesible, próxima y más transparente, con nuevos canales de información y con mayor calidad. Aquí entra la Justicia en Red, un proyecto puesto en marcha, basado en el Expediente Electrónico Judicial, y para lo que es necesario una total digitalización de los documentos y el uso de la firma electrónica, que “debe crear un sistema integral e intercomunicado para favorecer la conexión telemática entre todos los órganos judiciales.”
En definitiva, López resumía que “sin las TIC el nuevo modelo de Oficina Judicial (de eJusticia) está abocado al fracaso, por eso, es necesario introducir la tecnología de forma paulatina allí donde el cambio es necesario”. En este sentido, todos los asistentes de la presentación del libro coincidían en la necesidad de llevar a cabo cambios normativos. Fernando de Rosa Torner, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, planteaba la importancia de contar con un marco regulatorio adecuado que regule las condiciones de uso de los nuevos instrumentos tecnológicos; “resulta relevante una nueva Ley de Modernización que aborde las principales cuestiones cuya garantía se refleje en el BOE, y que adquiera el mayor consenso político posible, lo cual le otorgaría un plus de legitimidad”. “También, resultaría de gran importancia la creación de un marco estable de colaboración entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las CCAA que acompañe a todo el proceso de incorporación de las TIC”, concluía.
De momento, el año que viene comenzará la verdadera actuación del Plan Estratégico de Modernización de la Administración de la Justicia 2009-2012, basado en tres pilares: la accesibilidad, la interoperabilidad y la internacionalización. Un plan cuya consecución ya está dando lugar a una batería de proyectos como Lexnet, – Minerva NOJ 1.0, la creación del Portal de la Administración de la Justicia, la implantación del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, el Expediente Digital, y la reforma del Registro Civil.
