Para poder avanzar de cara a reducir la brecha digital existente con Europa, y alcanzar la meta de conseguir que las actividades de I+D supongan el dos por ciento del PIB para el año 2010, se considerará a los Centros Tecnológicos como organizaciones de investigación. El objetivo es claro: posibilitar la concesión de ayudas para los proyectos de investigación sin ser considerados como subvenciones estatales para eliminar los controles que impone la normativa de la Comisión Europea.
Las entidades que se están encargando de efectuar este cambio legislativo son la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) junto con la Federación de Entidades de Innovación Tecnológica (FEDIT).
La labor actual de los centros tecnológicos españoles es contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas mediante el perfeccionamiento tecnológico y la innovación. Se trata de actividades consideradas como “no económicas” cuyos resultados se ponen a disposición de todas las empresas del sector.
Además, los centros tecnológicos no sólo prestan una amplia gama de servicios tecnológicos a sus empresas clientes, sino que también llevan a cabo actividades propias de investigación que resultan imprescindibles para situarse en la frontera del conocimiento de su especialidad y que, en muchas ocasiones, se financian mediante fondos públicos.
