La Fundación I+E, entidad formada por multinacionales con larga presencia en España, manifiesta su favorable acogida a la nueva Ley de Ciencia, aprobada hoy por el Congreso de los Diputados. Celebra además el amplio consenso alcanzado en su tramitación. Como firmante del Pacto por la Ciencia, junto a más de 80 entidades del ámbito científico, académico y empresarial, se compromete a seguir colaborando en su desarrollo, a fin de que sirva para estimular la innovación en España y su transferencia efectiva a la sociedad.
Además de los aspectos relativos al desarrollo de la carrera de científicos e investigadores, la Fundación I+E subraya el objetivo de que la inversión en I+D alcance el 3% del PIB en 2030, compromiso que se fijan conjuntamente el sector público y las empresas. Para ello, y desde su experiencia internacional, las multinacionales defienden que el esfuerzo público sea tractor de inversión empresarial y que se favorezca la puesta en marcha de grandes proyectos de alcance innovador. Para ello, sugieren:
- Establecer mayores garantías de seguridad jurídica y procesos ágiles para la puesta en marcha de proyectos innovadores, reduciendo trámites burocráticos y creando marcos de estabilidad que animen a las empresas a acometer inversiones.
- Reforzar el ecosistema de financiación de la I+D+I, estableciendo parámetros comunes, claros y estandarizados para los proyectos de inversión y alejando incertidumbres en la interpretación que disuadan la iniciativa inversora y emprendedora.
- Potenciar la industrialización de la I+D a través de marcos regulatorios e instrumentos de colaboración público-privada que permitan elevar a escala industrial la implantación de proyectos de alta madurez tecnológica, a fin de que puedan ser trasladados al mercado y sirvan para reforzar nuestra capacidad innovadora y productiva.
“La nueva Ley de Ciencia contempla medidas y mecanismos que nos pueden ayudar a avanzar hacia un proyecto de país más innovador y sostenible. Para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, es necesario que la inversión pública en I+D sea tractora de inversión privada, a razón de dos euros de gasto empresarial por cada euro que gastado por las entidades públicas. De esta forma conseguiríamos que la inversión empresarial represente dos tercios, como se da en los países que están liderando la innovación, que precisamente son los más ricos, pero lo son porque innovan”, asegura Renato Del Bino, director general de la Fundación I+E.
