Según el análisis del Pacto Mundial de Naciones Unidas España por la sostenibilidad, las pequeñas y medianas empresas adheridas a la iniciativa en nuestro país registran grandes avances en el área de normas laborales, relacionada con el ODS 8 sobre Trabajo decente y crecimiento económico. En concreto, un 77% de las pymes analizadas cuenta con políticas y medidas de no discriminación y el 71% dispone de medidas de conciliación laboral. Esta última cifra supone un aumento del 39% respecto al ejercicio anterior y una diferencia de un 12% con la media de pymes españolas. También es necesario señalar que el 60% lleva a cabo programas para promover la salud y el bienestar (ODS 3), un porcentaje muy positivo, pues se sitúa a niveles del Ibex 35 en el ejercicio anterior, en el que se encontraba en un 63%.
Respecto a los indicadores sobre medioambiente, un área tradicionalmente retadora para este sector del tejido empresarial, las pymes del Pacto Mundial de Naciones Unidas avanzan a una mayor velocidad que la media española. En este sentido, el 45% dispone de una política medioambiental y el 69% se compromete a la reducción de emisiones de CO2 (ODS 13) en comparación con el 42,5% y el 26% de media de las pymes españolas, respectivamente. Sin embargo, es en el uso de energías renovables (ODS 7) donde las pymes del Pacto Mundial en España registran peores datos que la media nacional, con un 15% menos que sus homólogos. Una cifra que se espera mejorar con la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Respecto a los indicadores sobre medioambiente, las pymes del Pacto Mundial de Naciones Unidas avanzan a una mayor velocidad que la media española.
Economías inclusivas y neutras
Y es que el sector privado se encuentra en plena adaptación a la internalización de las consecuencias ambientales y sociales del modelo productivo. En esa transición hacia economías inclusivas y neutras en carbono es esencial canalizar capitales con criterios de sostenibilidad a todas las capas del tejido empresarial. El caso de las pymes es llamativo: a pesar de aportar el 65% del Producto Interior Bruto nacional y el 75% de los puestos de trabajo, presentan características de heterogeneidad o tiempo esperado de supervivencia que pueden estar ralentizando su transformación.
Un encuesta llevada a cabo por FinResp y CEPYME, señalaba que la percepción de los riesgos de sostenibilidad es distinta dependiendo del tamaño de la empresa. “Las pymes perciben que su principal reto operativo es su tamaño, seguido de la transformación digital y la lucha contra el cambio climático, donde prevén dificultades principalmente en la transición”, señala el estudio. En cambio, para el global de empresas, este último reto ambiental se posiciona como el primero en la lista.
Por la parte de las oportunidades, cabe destacar la creación de nuevos negocios y productos ante la incipiente demanda de sostenibilidad en el mercado, así como el acceso a los incentivos que pueden otorgarse a la transformación e innovación sostenible por parte del financiador, de empresas de mayor tamaño y del regulador. “El papel del sector financiero, en este sentido, se muestra como facilitador y agente de cambio para la transición”, argumenta el informe.
Para que el sector financiero alcance ese potencial, es necesario que cuente con información sobre el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG) de las pymes. “Pese a los avances normativos, obtener información de sostenibilidad comparable y de calidad es una tarea compleja”, continúa el informe. De acuerdo con los datos más recientes de Naciones Unidas, el 22% de las empresas españolas encuestadas desarrollan una memoria de sostenibilidad alineada con la ‘Directiva de Información No Financiera’ aún vigente; de los cuales el 69% se trata de grandes empresas, un 7% pymes y un 2% autónomos.
Las peculiaridades de las pymes nacionales, en las que hasta un 30% de las empresas no tiene asalariados o son consideradas micropyme, hacen que cualquier mínimo cambio en su modelo productivo pueda poner en riesgo su viabilidad económica. La principal barrera a la hora de generar nueva información no financiera en las pymes es el sobrecoste que implica, de manera más acentuada en momentos de crisis como la situación post-COVID. Dicho sobrecoste engloba, entre otros recursos, las necesidades de formación y capacitación técnica para empleados en sostenibilidad.
En este contexto, la Comisión Europea ha renovado una directiva sostenibilidad entre cuyas novedades se encuentran una mayor cobertura, incluyendo a empresas de más de 250 empleados (pasaría de abarcar de 11.600 a 49.000 empresas en Europa), y normas simplificadas orientadas a las pymes, de cumplimiento voluntario salvo en el caso de las empresas cotizadas, y bajo el principio de proporcionalidad.
Esta fórmula tiene en cuenta la viabilidad económica de la empresa y, a su vez, puede resultar clarificadora, comparable y ayudar al efecto arrastre en las cadenas de suministro de las grandes empresas.
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Canalizando financiación con criterios ASG a la pyme
En cuanto a soluciones de mercado que apoyan la financiación sostenible a la pyme, existen diferentes instrumentos que canalizan la inversión con criterios ASG desde iniciativas públicas, privadas y mixtas. Entre las iniciativas públicas destaca la existencia de fondos de financiación que ofrecen un alto grado de flexibilidad para llegar a todos los rangos de pymes, aplicando diferentes productos y condiciones en un modelo progresivo marcado por el compromiso de la empresa y su proyecto con la sostenibilidad de proyectos ASG. La Administración Pública puede ser palanca para amortiguar el riesgo de los recursos dedicados a la transformación sostenible, tanto para el inversor sostenible como para la pyme, así como hacer una labor fundamental para fomentar la adopción del vocabulario y de metodologías que permitan la divulgación de información de sostenibilidad. Además, promueve la profesionalización y desarrollo de líneas complementarias a la financiación bancaria como el crowdfunding, el crowdlending o los business angels.
El tipo de pyme que recibirá financiación sostenible
Ante la falta de recursos de la pyme en comparación con los grandes operadores de mercado, cobra protagonismo la capacidad de replicar buenas prácticas y de alinear los objetivos clásicos de rentabilidad con el incremento de la sostenibilidad en las actividades de la empresa. En este contexto, surge el concepto de pyme que nace con un propósito de generar un impacto ambiental y social positivo, que la hace idónea para canalizar capitales sostenibles, independientemente de su tamaño.
Sin embargo, pese a esta tipología de PYME de impacto, el grueso de pequeñas empresas en España sigue modelos de negocio convencionales. De esta forma, el enfoque de los instrumentos no ha de centrarse únicamente en los casos singulares, sino aunar las necesidades de todos los tipos de empresa, potenciando e incentivando que todas avancen en la transición sostenible. Este proceso de transformación, que ha de ir de la mano de las actuaciones del sector público y privado, es considerado como una medida de resiliencia de la que, a medio y largo plazo, saldrán beneficiados todos los agentes de la economía.
