Como responsable de la dirección, impulso y gestión de la organización y modernización de la Administración Pública, la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía constituye un referente en materia de e-Administración que ha conseguido situar a la Junta de Andalucía en una posición privilegiada en base a los criterios de modernización, transparencia, eficiencia y eficacia.
La ciudadanía constituye el eje central de las actuaciones del organismo. Y es que, como indica la consejera del organismo desde hace tres años, María José López González, “el eje y el horizonte de nuestro funcionamiento es la ciudadanía, tenemos que hacerle la vida cada vez más fácil a la ciudadanía y alejarla de la burocracia”.
Esta concepción tiene un reflejo directo en la Estrategia para la Modernización de los Servicios Públicos 2006-2010, aprobada en Consejo de Gobierno el 14 de febrero de 2006 y continuadora del Plan Director para la Calidad de los Servicios de Andalucía.
La Estrategia, elaborada por la Consejería y con un presupuesto de 58 millones de euros para 2007, coordina un total de 72 actuaciones en distintas consejerías configurando un ambicioso programa operativo que involucra a los 250.000 trabajadores de la Junta y persigue su modernización organizativa y el incremento de la calidad de sus servicios.
La firma electrónica juega un papel fundamental en el avance hacia la e-Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que “con 275.000 ciudadanos dotados de e-firma es decir, el 21 por ciento del total de certificaciones emitidas por la FNMT, es la segunda CCAA por número de certificados”, afirma la responsable de la Consejería, que ha abierto un total de 886 oficinas de acreditación para la adquisición gratuita del
certificado.
Se trata de dotar a los ciudadanos de uno de los instrumentos clave para aprovechar el avance en e-goverment de la Administración Pública de Andalucía que “ya cuenta con 235 procedimientos, tanto de información como de inicio de tramitación, que pueden realizarse on line con firma electrónica”, señala López, para explicar que “nuestro compromiso es que el 75 por ciento de los procedimientos de la Junta de Andalucía estén disponibles on line para el final de esta legislatura”.
El objetivo es alcanzable teniendo en cuenta que, a día de hoy, “nos situamos en un porcentaje de entre el 40 y 50 por ciento”, apunta. De acuerdo con la consejera, “la simplificación de procedimientos constituye el punto de partida este avance”. Y en esta línea, la reducción a 19 de los 1.200 procedimientos que existían para la solicitud de subvenciones es un buen ejemplo.
Junto a la simplificación, “hay dos puntos que siempre me han preocupado en la modernización, la interoperabilidad entre las tres administraciones local, autonómica y estatal- y la cooperación; fundamentales en el avance hacia una Administración Pública que funcione las 24 horas del días los 365 días del año”, comenta López, quien entre los ejemplos de esa política destaca el programa SIRhUS para la gestión de personal o a la plataforma de firma electrónica @firma, que actualmente se está migrando a su versión 5 para dar soporte al DNI electrónico.
Desarrollada por la Consejería y tras tres años de uso interno y a disposición del resto de consejerías de la Junta, de cerca del 70 por ciento de los ayuntamientos de la CCAA y de sus 10 universidades, @firma se está extendiendo a distintas entidades de la Administración General del Estado en base a un convenio de cesión establecido con el Ministerio de Administraciones Públicas.
Pero si hay un proyecto que pone de manifiesto el compromiso del organismo es la iniciativa eConsejería, que materializa el convencimiento de que “si queremos reducir los procedimientos, tenemos que empezar por su rediseño interno”, explica López.
A raíz de este proyecto, “desde julio de 2006 tanto en los servicios centrales como en las delegaciones provinciales de la Consejería no se firma ni un solo documento en papel”, destaca el director general de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Alfredo Segura Vinuesa, quien indica que “desde su puesta en marcha se han firmado más de 100.000 documentos en la Consejería, donde existen en torno a 2.000 personas con capacidad de firma”.
Segura identifica los servicios web como el componente clave que ha permitido el desarrollo de las distintas aplicaciones, disponibles a través de la intraante, que han hecho realidad este avance. Se ha desarrollado, concretamente, las aplicaciones port@firmas, que posibilita la gestión de los documentos para su firma electrónica; colabor@, que permite compartir recursos, calendarios, documentos e información de contacto; y comunic@, la herramienta para el envío de comunicaciones interiores.
Las tres aplicaciones no solo conforman un sistema ágil y efectivo para la firma de documentos y su posterior remisión al destinatario, también sirven de base a la central de atención y de relaciones con la Administración andaluza, Cl@ra, que se nutre de reposito rio general asociado a la Trayectoria Digital de la Ciudadanía (TDC) actualmente en desarrollo y que permite a los ciudadanos estar al corriente del estado en el que se encuentran sus trámites. Desde la perspectiva de las infraestructuras, señalar que la Consejería cuenta con dos CPDs uno específico para Justiciaque “se prevén unificar en una nueva localización a la búsqueda de más escalabilidad y redundancia”, comenta Segura.
En este entorno, las BBDD Oracle- residen en un servidor Sun 15000 de tres dominios conectado a una SAN. Los servidores de aplicaciones Apache Tomcat y Jboss- se encuentran en servidores tipo rack con arquitectura Intel de 32 y 64 bits dispuestos en granjas compuestas por nodos balanceados; mientras que la plataforma de firma v5 reside en servidores Sun T2000 corriendo Solaris 10. En cuanto a los S.O. el entorno es heterogéneo, con una presencia mayoritaria de Linux y Solaris 10 y 9, si bien algunas plataformas corren Windows 2000 Server.
El impulso al avance de la modernización no es la única responsabilidad de la Consejería, que asumió la transferencia de la competencia de Justicia hace una década. “De recibir una justicia en blanco y negro, hoy contamos con una justicia en color y continuamos trabajando”, indica López, para subraya el enorme esfuerzo de modernización llevado a cabo en ese campo.
“Cuando recibimos la competencia, desde la infraestructura y los recursos personales, hasta la dotación material, era absolutamente escasa y no respondía a nuestra pretensión de una administración de justicia al servicio de la ciudadanía”, recuerda la consejera, quien añade que “cuando la Comunidad Autónoma habla de justicia, habla de ciudadanos, de eficacia, transparencia y proximidad; en definitiva, de servicios de calidad”.
Esos servicios de calidad se consiguen con una inversión como la que se ha hecho en Andalucía en el marco de un Plan de Infraestructuras que, como apunta López, “tiene vigencia hasta 2009 y hasta el momento se ha cumplido en aproximadamente un 75 por ciento”.
“Solamente en sedes judiciales se han invertido más de 500 millones de euros y la cifra se multiplica si contamos las Ciudades de Justicia ubicadas en cada una de las ocho capitales de provincia”, destaca López.
En este sentido, “próximamente entrará en funcionamiento la de Málaga, se están construyendo la de Almería y Granada, en Jaén pronto encargaremos el proyecto, en Cádiz y Córdoba ya tenemos proyecto y quedaría Huelva, donde no tenemos suelo porque no hay cesión por parte del Ayuntamiento”, explica.
Por otro lado y, además del incremento de los recursos humanos, que han pasado de menos de 5.000 a 7.000, sin olvidar que “la determinación de la plantilla viene definida por el Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia”, matiza López; también se han mejorado sustancialmente los recursos materiales.
“Cuando recibimos la transferencia sólo había máquinas de escribir y hoy se ha renovado todo el parque de ordenadores e impresoras – 9.000 PCs y más de 4.500 impresoras”, indica la consejera.
Por otro lado, se ha instalado un sistema de videoconferencia, que se está desplegando por toda Andalucía; así como un sistema de grabación que “sólo estaba previsto para el enjuiciamiento civil y hemos optado por hacer una dotación completa también en el ámbito penal, en las salas de las Audiencias Provinciales y en los Tribunales Superiores de Justicia”, describe López.
A día de hoy el sistema de grabación está disponible en 384 salas de vistas y registra más de 700 horas de grabación al día. La revolución de la Justicia en Andalucía está estrechamente ligada al Plan Adriano, que desde su puesta en marcha hasta hoy ha absorbido una inversión de 74,3 millones de euros.
Adriano sentó sus cimientos en 1997 y su primera fase se abordó en el periodo 1998-2001, con un presupuesto de 25,4 millones de euros.
En esos años se instalaron 7.638 PCs, 1.247 impresoras láser y 1.570 impresoras de red bajo la premisa de crear una red judicial que ha permitido la conexión de cada edificio judicial a los servidores centrales, a su vez, interconectados entre sí dando nacimiento a la Red Judicial de Andalucía (Redius), que actualmente conecta 151 edificios.
Asimismo se contrató la plataforma de apoyo Ceirius para el control y mantenimiento de la red, los sistemas y servidores existen 175 en red-, incluyendo un servicio de atención al usuario para la resolución de incidencias.
A esa primera fase, durante la que también se desarrollaron las primeras aplicaciones de gestión procesal y se inició la tramitación procesal a través del sistema informático, siguió una segunda fase de consolidación que se inició en 2002 y ha supuesto, como se ha señalado antes, la
renovación de 5.000 PCs y 700 PCs, estando previsto proceder a la renovación del resto del parque a lo largo de 2007.
Esta segunda fase también ha supuesto un avance en materia de software con la adecuación de los aplicativos a los cambios normativos y su extensión a todos los órdenes jurisdiccionales, así como un salto cualitativo con la creación del Portal Adriano que, dividido en cuatro subportales (jueces y magistrados, secretarios judiciales, fiscales y funcionarios de la Administración de justicia) agrupa los servicios y funciones por usuarios.
Este sistema, en el que juegan un papel clave las plataformas @firma y notific@, es el que ya están utilizando los procuradores par la presentación telemática de documentos ante los órganos judiciales andaluces tras la firma, el pasado enero, de un convenio de cooperación entre la Consejería, el CGPJ y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores.
Y esa línea, “vamos a incorporar al sistema a los abogados y graduados sociales”, avanza López, para añadir que “el siguiente paso, que prevemos se produzca a finales de este año, será extender este instrumento a la ciudadanía, de forma que el ciudadano tenga la posibilidad de consultar en cualquier momento el estado de sus expedientes”.
Otro de los proyectos en los que a día de hoy está inmersa la Consejería es la modernización de los Registros Civiles. En este ámbito y aunque, como indica López, “los Registros Civiles no son competencia de la CCAA, sino de la Dirección General del Registro del ministerio de Justicia, entendemos que la administración autonómica tiene que actuar”. Así, el compromiso de la Consejería pasa porque “los registros estén abiertos desde las nueve de la mañana a las ocho de la tarde, lo que significa una negociación con los sindicatos”.
Por otro, la Consejería tambiénse encuentra en negociación con los organismos pertinentes para poder realizar la solicitud de los certificados de nacimiento y defunción a través de Internet; y que el solicitante pueda recibir el aviso, tanto a través de su ordenador como de su teléfono móvil, para ir a recoger el documento. Se trata, resume López, “de que los avances que tenemos más que trillados en la Administración normal, vayan encarrilándose y asentándose en la Administración de Justicia”.
