El mercado español de telecomunicaciones comenzó a abrirse a la competencia a finales de 1998. Desde entonces se puede afirmar que en España no existe ninguna parte de este mercado en la que se registre menos competencia que en otros países europeos. A esta situación se ha llegado aplicando medidas de desregulación y regulación de una forma combinada. La liberalización de las telecomunicaciones es un proceso en marcha, todavía inconcluso, aunque los progresos se suceden con mucha – a veces con demasiada- rapidez. Pese a todo, habrá que llegar a la libre competencia en todos los segmentos del mercado y para ello alguien tiene que pilotar ese proceso.
La CMT fue creada en 1996 en gran medida como instrumento de la necesaria liberalización del mercado para salvaguardar en beneficio de los ciudadanos las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales, telemáticos e interactivos; velar por la correcta formación de los precios en estos mercados y ejercer de órgano arbitral en los conflictos que pudieran surgir entre operadores del sector. El legislador se adelantó sin duda al asignar estas funciones a la Comisión a un avance sustentado en las nuevas tecnologías y nuevos servicios, que han dado como fruto el actualísimo fenómeno de la convergencia.
No cabe duda de que el poder legislativo (Parlamento y Gobierno con sus instrumentos de desarrollo reglamentario) ha sido el protagonista hasta bien entrado el año 2000. En este último año se resolvieron temas como la implantación de la radio y la televisión digital, la concesión de nuevas frecuencias, se adoptaron resoluciones sobre móviles de tercera generación y resoluciones sobre acceso vía radio. También se dieron nuevos impulsos a servicios emergentes como los asociados a Internet. Lo que se dice desde la estricta perspectiva de la norma, España se puso, debido precisamente a este desarrollo, a la cabeza de los países de Europa.
De forma paralela la CMT ha sido el otro gran depositario, en parte agitador y siempre árbitro de la liberalización. La ha afrontado de dos maneras. En primer lugar cumpliendo y haciendo cumplir el marco jurídico. Pero a la vez ha tenido que operar sobre la realidad económica del mercado con medidas de carácter no estrictamente jurídicas. Es precisamente en este terreno intermedio entre la construcción jurídica y la intervención en el mercado real, en constante evolución, donde se instala la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Desde su fundación la CMT ha administrado las condiciones de competencia, ha facilitado los títulos habilitantes, licencias y autorizaciones (más de 1.500 al día de hoy), se ha asignado la numeración necesaria para cada operador (sólo en el 2000 se adoptaron 293 resoluciones para la gestión del espacio público de numeración); se han resuelto innumerables conflictos entre operadores; se han definido las condiciones para la conservación del número por los usuarios (portabilidad de número tanto en fijo como en móvil); se han resuelto las cuestiones planteadas por la preselección de los operadores y se han resuelto importantes problemas de compartición de infraestructuras entre operadores.
Sin la pretensión plasmar una relación exhaustiva de hechos concretos asociados a la actividad de la CMT en el mercado cabe citar también la participación de la Comisión en el acceso desagregado y el acceso compartido al bucle de abonado. Por otra parte se establecieron los principios de un sistema de contabilidad de costes de Telefónica que permitiera obtener referencias apropiadas para determinar otros precios y costes como los del servicio universal.
Continuando con la somera relación de actuaciones habría que referirse a que en los dos últimos años la CMT ha puesto a prueba la aplicación de la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) cuyo último acto en relación con este tema es la apertura de una consulta pública para adoptar un nuevo modelo de interconexión basado en la capacidad. Se abre en materia de interconexión un escenario no exento de riesgos e incertidumbres pero que necesita el trabajo de orientación de un organismo como la CMT.
Falta añadir a esta breve relación las actuaciones de la Comisión como organismo asesor no sólo del Gobierno y de las Comunidades Autónomas -informes obligatorios o por propia iniciativa- sino también del sector (operadores y asociaciones de consumidores y usuarios) a través de estudios, consultas públicas y otras acciones destinadas a reforzar la competencia por la vía de prestigio.
La actividad de la CMT también se amplía, por supuesto, al área audiovisual y de Internet, aunque en estos submercados sus competencias son algo más imprecisas al no encontrarse desarrolladas en una adecuada reglamentación. En este punto se puede recurrir a un ejemplo significativo respondiendo a la preocupación manifestada por los propios difusores la CMT ha creado un grupo de trabajo sobre los sistemas operativos asociados a la nueva televisión digital terrenal.
José Fernández-Beaumont, director de Comunicación, Publicaciones y Relaciones Externas de la CMT
