Cataluña es la comunidad con mayor volumen de facturación electrónica en España

Tres meses después del cumplimiento del plazo para facturar telemáticamente a las AAPP, SERES ha realizado un estudio de la situación con respecto a la facturación on line que revela que las compañías españolas están aún lejos de cumplir con los plazos marcados por la Ley 30/2007.

Publicado el 05 Nov 2009

Cataluña lidera el uso de facturación electrónica en nuestro país, según un estudio realizado por la compañía SERES a partir de los datos que ha obtenido de sus plataformas. Su objetivo principal es analizar la situación de nuestro país en lo que se refiere a intercambio de facturas de forma telemática.
Según este estudio, Cataluña y Madrid se sitúan a la cabeza en emisión de facturas electrónicas con un porcentaje del 48,41% y 23,27% respectivamente, así como en recepción de forma telemática, con un 36,89% y 22,37%. Le siguen Andalucía, País Vasco y la Comunidad Valenciana con un 5,15%, 3,42% y 3,36% respectivamente. En cambio, las Comunidades Autónomas que se sitúan a la cola son Extremadura, La Rioja y Ceuta y Melilla con el 0,32%, 0,12% y el 0,01% respectivamente.
Así, se deduce que España aún está lejos de cumplir con los objetivos establecidos para fomentar la sociedad digital en el ámbito de las Administraciones Públicas. Una de las principales conclusiones extraídas del informe en lo que se refiere al tamaño de empresas es que aunque la mayor parte de las compañías que facturan electrónicamente son PYMES, el impulso viene dado por las grandes empresas, quienes exigen a sus proveedores la disponibilidad de este tipo de proceso administrativo.
El estudio pone de manifiesto que el motor de la facturación electrónica en España está siendo el sector de la distribución, por delante de las Administraciones Públicas, a pesar de que la legislación existente obliga al Sector Público a estar dotado de plataformas de facturación telemática. Tres meses después de entrar en vigor los plazos para facturar electrónicamente en sus contratos con la Administración Pública, las compañías españolas están aún lejos de cumplir con los plazos marcados por la Ley 30/2007 relativa a contratos del sector público. Existe, por tanto, una necesidad de informar al empresario español de los plazos establecidos por la ley, así como concienciar a todo tipo de compañías, independientemente de su tamaño, de los beneficios de facturar de manera digital, entre los que se encuentran una importante disminución de los costes de operación, así como una garantía de entrega de facturas al 100 por cien de los destinatarios.

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Redacción

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