Convertida ya en una herramienta fundamental para el desarrollo de la economía digital, la firma electrónica está llamada a equipararse a efectos jurídicos con la firma manuscrita tradicional, siempre con las máximas garantías en cuanto a autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio en los intercambios de información electrónica a través de Internet. Cualidades todas ellas que se antojan imprescindibles para lograr llevar al entorno móvil las aplicaciones nucleadas alrededor de la firma electrónica.
De hecho, ya existen iniciativas fundamentalmente promovidas por las Administraciones Públicas que, tales como el visado telemático, el voto electrónico, las notificaciones fehacientes o el pago de tributos, hacen uso de la e-firma. Sin embargo, para poder hacer uso de la e-firma es premisa irrenunciable utilizar los certificados electrónicos emitidos bien por una autoridad de certificación interna o por prestadores de servicios de certificación (PSC), que son los responsables de vincular los datos de verificación de la firma con la identidad del firmante.
Consciente de la necesidad de poner a disposición de los usuarios de servicios de telefonía móvil de las aplicaciones necesarias para efectuar transacciones electrónicas con plena validez jurídica, Vodafone, junto a partners de la talla de Sun Microsystems, Red.es o TB Solutions, ha desarrollado un proyecto para el diseño y desarrollo de soluciones de firma electrónica en dispositivos móviles, lo que implica disponer de certificados digitales de usuarios en terminales móviles e implantar la e-firma avanzada en las aplicaciones susceptibles de desarrollarse en movilidad. Todo ello sin olvidar proteger las inversiones realizadas previamente, independizando la integración de firma electrónica en las aplicaciones de las evoluciones tecnológicas, legales y de prestadores de servicios e incluso autoridades de certificación.
Las aplicaciones disponibles, que son aplicables a sectores tan dispares como la Administración Pública o la Banca, abarcan un amplio espectro que va desde la capacitación para votar electrónicamente hasta realizar pagos de tributos, tasas, impuestos o multas, la presentación de la declaración de la Renta o la tramitación de expedientes.
De todos es sabido que la implantación de la firma electrónica y de los certificados digitales es una vía para acercar la labor de la empresa y de las Administraciones Públicas a los clientes y ciudadanos, además de contribuir a optimizar la seguridad de los procesos internos, permitiendo que las aplicaciones ofimáticas existentes aprovechen las funcionalidades proporcionadas por, por ejemplo, e cifrado de correo; pero no solo eso, ya que además contribuye a rediseñar los procesos actuales, sustituyendo la firma digital por la manuscrita, disminuyendo la generación de papel y reduciendo el tiempo y las tareas de back office.
En definitiva, el proyecto de Vodafone y sus socios ha venido a garantizar los niveles de seguridad en las transacciones, aportando agilidad y eficacia debido al valor añadido que significa poder realizar todo tipo de operaciones en un entorno móvil y generando confianza entre los usuarios.
