A pesar de todas las medidas tecnológicas y persecutorias que la industria del software está poniendo en práctica para evitar la piratería de software, los índices siguen aumentando. En 2010, el porcentaje de software ilegal se ha elevado hasta el 43% del total de los programas instalados en nuestro país, lo que pone en duda la efectividad de las medidas de choque aplicadas.
Así parecer confirmarlo también Luis Frutos, presidente del Comité español de la BSA, quien señala que“estos resultados ponen de manifiesto que volvemos a tomar el camino menos eficiente, con un aumento tanto en la tasa de piratería como en el valor comercial de software ilegal. Resignarnos a una tasa de ilegalidad superior a la media de la Unión Europea – 35% -es renunciar a mejorar nuestra productividad, competitividad y posibilidad de superar la crisis económica con mayor rapidez”.
Este ratio del 43% representa el aumento de un punto respecto al 42% registrado en los años 2008 y 2009, y el retroceso al nivel de 2007. Y de acuerdo con las conclusiones del VIII Estudio Global 2010 de piratería de Software de IDC para Business Software Alliance (BSA), en términos económicos este aumento se ha traducido en que la industria española del software ha podido perder una cifra récord de 834 millones de euros. Estas pérdidas sitúan a España en el decimotercero país del mundo con el valor comercial más alto de software pirateado.
La BSA alega que la crisis económica y un mayor número de denuncias han tenido mucho que ver conque casi la mitad de los programas instalados en España sean ilegales. Es más, la BSA ha detectado que cada vez son más los desempleados en España los que denuncian a sus ex-empresas, por graves delitos como el uso de software ilegal: el 70 % del total de las denuncias recibidas por BSA en 2010 procedieron de ex-trabajadores, aproximadamente un 10% más que en 2009, cuando las denuncias de ex-empleados representaban el 60 % del total.
LA LEGALIDAD DEL CANAL
Otro de los aspectos que han quedado patentes en esta octava edición del informe, es la incapacidad que muestran los usuarios españoles para distinguir el software legal del software ilegal. La mayoría de españoles considera que las subastas online (70%), varias instalaciones en el mismo hogar (74%), diversas instalaciones en el trabajo (61%) o la instalación de software prestado por un amigo (52%), son legales. En menor medida, también estiman vías legales para adquirir software los mercados callejeros (22%) o las redes peer-to-peer (32%).
No obstante, la realidad es que la mayoría de los usuarios valoran muy positivamente las ventajas del software legal en cuanto a soporte técnico (86%), protección contra el malware (68%), fiabilidad (75%) y funcionalidad (54%).
A esto se une el poco respecto que existe en España hacia los derechos de propiedad intelectual: sólo el 55% opina que los creadores deben ser recompensados frente a la media mundial del 71%; únicamente el 39% entiende que los derechos de propiedad intelectual crean puestos de trabajo; y sólo el 35% manifiesta que estos derechos aportan beneficios para la economía local.
“Esta claro que la sociedad valora de forma destacada el software legal”, indica Luis Frutos, presidente del comité español de BSA.“No obstante, los resultados refuerzan la necesidad de educar a los usuarios en aspectos de gran importancia; como que compartir software a través del P2P o que la instalación del software adquirido para un ordenador en varios PCs de casa o de la oficina, son prácticas ilegales”.
“BSA continúa trabajando intensamente para reducir los niveles de ilegalidad y sensibilizar a la sociedad española sobre el uso responsable del software. Además de las campañas de concienciación dirigidas a pymes, llevadas a cabo directamente en diferentes regiones en los últimos meses como Murcia, Andalucía y Cataluña, está a a punto iniciarse la 3ª fase de la Campaña de Software 100 % legal, liderada por el Ministerio de Industria, y en la que colaboran, además de BSA, AMETIC y otras asociaciones del sector”,añade Frutos.
