Con ocasión de la creación de la nueva comisión de Sector Público de Ametic, Computing entrevista a su presidente Alberto Redondo en torno a la modernización de las instituciones públicas y el desarrollo de los servicios a los ciudadanos.
¿Cuáles son los objetivos de la nueva comisión de Sector Público de Ametic?
A. R.: Los objetivos de Ametic como asociación son promover y fomentar la transformación digital en el sector público, concretamente en la evolución de los servicios públicos. Otro de los objetivos es tener un punto de acercamiento TIC con la Administración General del Estado, ya que este es uno de los mayores impulsores de la transformación digital de las empresas. Además, todos los núcleos de la Administración General: Agencia Tributaria, Defensa, Seguridad Social, el Instituto de Salud… realizan una gran inversión en tecnología.
¿Y sus funciones en calidad de presidente?
A. R.: En términos generales, mi competencia es traducir estos objetivos en un plan de actuación. Este plan cuenta con tres líneas. La primera, la nueva ley de contratos, que afecta bastante al sector. Dentro de esta ley, mi función es evaluar el enfoque que va a tener la transformación digital, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir, cómo se va desarrollando esta ley y qué elementos son clave para que se cumplan bajo un paraguas de buenas prácticas.
En segundo lugar, en grandes líneas, es una estrategia TIC de la AGE que tiene como objetivo para 2015-2020, analizarla, supervisarla y ver cómo se está avanzando y qué pasos se tienen que dar para que esta estrategia tenga continuidad y éxito.
La tercera vía es llevar a cabo proyectos de gran relevancia que van a ir desarrollándose, como, por ejemplo, en el área de la Ley de Contratación del Estado; qué tecnologías utiliza, cómo las nuevas tecnologías que surgen se incorporan a un pull de soluciones que son hardware y software y que utiliza la administración desde el punto de vista de la contratación.
¿Qué proyectos han puesto en marcha?
A. R.: Transformar a los asociados en la nueva ley de contratos, conocerla bien y que nos permita crear una opinión en ese sentido. Otro de los proyectos es avanzar con la estrategia TIC entre los años 2015-2020. Conocer cuál es la actuación de ese plan.
Cada vez hay más servicios al ciudadano desde el punto de vista electrónico pero estos los desconocen
¿Qué nivel de modernización percibe en las AAPP españolas?
A. R.: En las administraciones públicas hay diferentes velocidades. Está claro que la Agencia Tributaria ha dado el paso hace unos años con la declaración de la renta, y otras entidades como la Seguridad Social, o Tráfico, que tienen un avance tecnológico detrás. Es cierto que esta diferencia de velocidades no se debe cumplir y que estas entidades deben estar en sintonía, principalmente en el área judicial, en la educación, que son ámbitos en los que la inversión existe pero que tienen mucho que recorrer.
¿Este nivel es el mismo en la local, comunitaria y estatal?
A. R.: No, para nada. Es verdad que la inversión TIC depende de la capacidad económica. Hay comunidades donde la estrategia está definida, pero en otras comunidades la implantación o el desarrollo de la normativa (la ley 39/40 de 2015 y la nueva ley de contratos) llega más tarde o no llega, o aterriza un poco desfigurada. Por tanto, el trabajo de la comisión es identificar dónde hay un déficit para posicionarlo al mismo ritmo, impulsando que esta transformación se pueda establecer de forma homogénea. Un ejemplo es que no sirve de nada que la asociación lance la carpeta ciudadana si yo no voy a recibir las noticias del ayuntamiento. Vamos a tener una app que debe aparecer lo antes posible.
¿Y en comparación con la empresa pública?
A. R.: La empresa pública tiene un valor adicional y muy claro porque tiene un servicio al ciudadano, así como los contribuyentes (ciudadanos y empresas privadas) y, por lo tanto, es parte de su leitmotiv tener capacidad de comunicarse de forma electrónica con los contribuyentes. También depende del tamaño de la empresa, pero las compañías privadas han entendido que la transformación digital es un ahorro de costes y automatización de procesos que, a la larga, se traduce también en un ahorro de costes. Además de que en muchas compañías la transformación digital se lleva desarrollando desde hace mucho tiempo.
No creo que el sector público y el sector privado sean tan diferentes, pero la administración pública por sí misma, por su situación, debería tener un nivel superior frente al sector privado. Es cierto, también, que el sector privado, cuando la administración le exige un impulso en la transformación tecnológica -como con la factura electrónica o el suministro inmediato de información-, ha sido capaz de dar respuesta a esa necesidad. Igualmente, las empresas privadas han realizado un cambio de mentalidad y actitud. De la misma manera que el sector privado, tanto como persona jurídica como persona física, tiene herramientas y la capacidad suficiente para realizar estas iniciativas sin ningún problema.
¿Y cuál es la percepción de los ciudadanos de los servicios públicos?
A. R.: Yo creo que, si lo analizamos fríamente, la percepción no es la mejor que se podría tener. Esa percepción tiene dos caras: una es la mala percepción que tiene ya de por sí, el ciudadano o el contribuyente con la administración, puesto que tenemos una herencia de largas esperas en la oficina y una tramitación, muchas veces, que no se entiende. La otra cara consiste en que es verdad que cada vez hay más servicios al ciudadano, desde el punto de vista automático o electrónico que muchos de los ciudadanos desconocen debido a la mala comunicación con la administración como, por ejemplo, la carpeta ciudadana, en la que tú puedes ver tu expediente sanitario online.
¿De qué manera afecta la paralización de los presupuestos generales del Estado en la inversión tecnológica de las instituciones públicas?
A. R.: Sí que afecta porque si los presupuestos generales del estado son menores, las entidades tienden a invertir menos, o a renovar sus servicios con el mismo coste que el año anterior. Por lo tanto, eso tiene como consecuencia que, si tienes una tecnología a un precio, al año que viene no te voy a dar la última tecnología al mismo precio, o te voy a dar continuidad, o posiblemente lo que te aporte va a ser parcial.
