El Sector de la Consultoría, representado por la AEC, Asociación Española de Empresas de Consultoría, y la ACEC, Associació Catalana d´Empreses Consultoras, quiere poner de manifiesto las graves consecuencias que puede acarrear la incorrecta interpretación y aplicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado 20 de noviembre sobre las medidas necesarias para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios en defensa del interés general.
El objetivo del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno es garantizar, desde el Estado, el cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones Públicas y, en particular, la función que desempeñan para la prestación de servicios a los ciudadanos.
Ambas asociaciones consideran que para que las Administraciones Públicas actuales, estatales y autonómicas, puedan cumplir su función correctamente es imprescindible el uso de Sistemas de Información TIC, presentes en ámbitos tan esenciales como Salud, Justica o Protección Civil, entre otros; además de en las propias Administraciones Públicas de forma directa. Estos sistemas son indispensables para garantizar una prestación adecuada de servicios en los ámbitos anteriormente descritos.
El problema al que se enfrentan las empresas consultoras es que los servicios de consultoría TIC que prestan al Gobierno de la Generalitat de Catalunya no están incluidos en las partidas prioritarias previstas para el pago a través del Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, con el grave perjuicio económico que esto representa y el riesgo de interrupción de la prestación del servicio por el impago de elevadas cantidades por cuenta del Gobierno de la Generalitat.
El importe de la deuda vencida asciende a más de 330 millones de euros, una cantidad que supone un gran quebranto para las empresas consultoras, prestatarias del Servicio TIC a los diferentes departamentos de la Generalitat de Catalunya a través de los contratos con la Empresa pública CTTI.
Una vez realizada la contextualización de la situación, la AEC y la ACEC reclaman expresamente, a quien posea las competencias necesarias, que realice las gestiones oportunas para que se incluya, de forma urgente, el pago de estas facturas entre las partidas prioritarias a fin de evitar, en interés del propio servicio y de los ciudadanos, una situación de bloqueo no deseada por las empresas consultoras representadas.
La prolongación de esta situación, tanto por el elevado importe impagado como por el impacto gravísimo en el correcto funcionamiento de los servicios públicos de Catalunya, puede poner en riesgo la prestación de los servicios fundamentales a los ciudadanos, por lo que es necesario la búsqueda de soluciones en el corto plazo.
