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Evolución de la economía española
“En estos momentos, la economía española está siendo el motor entre las grandes economías de la zona euro: en 2023, crecimos seis veces por encima de la media y, en 2024, ese pulso diferencial se mantiene y estamos creciendo 4 veces por encima de esa zona euro”, destacaba a finales de octubre de 2024 el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La verdad es que, en uno de los finales de año más convulsos en términos políticos, con el fantasma de la corrupción sobrevolando los pasillos de la Moncloa y una lluvia de citas judiciales, el Gobierno se ha aferrado a la economía para sacar pecho. El propio presidente Pedro Sánchez ya reconoció que se equivocó cuando dijo que la economía iba “como una moto, porque, en realidad, va como un cohete”. En los últimos meses del año hemos visto titulares de prensa –y en medios no precisamente afines al Gobierno– como “La economía sortea el frenazo: los indicadores sorprenden al alza”, “La recaudación hasta septiembre ya supera la de todo el año 2018”, “El empleo alcanza el récord de 21,82 millones de ocupados, pese a ralentizarse” o “La productividad registra la mayor subida desde el fin del Covid”. Algo bueno estará pasando, aunque todo tenga sus claroscuros.
Revisión al alza de las previsiones económicas
Es cierto que no es habitual que organismos internacionales como OCDE, CE o FMI, y analistas como Funcas, AIReF o el Banco de España, revisen varias veces al alza en un mismo año las previsiones económicas patrias (hasta elevar el PIB al entorno del 3%); y mucho menos que dejen cortas las estimaciones del propio Gobierno (2,7%). De hecho, la economía española ha destacado en 2024 como la de mayor crecimiento de los países desarrollados (solo detrás de Turquía, pero por delante de EEUU, Alemania o Francia), según la última actualización de diciembre del informe de la OCDE, multiplicando casi por 4 la media de la Eurozona (0,8%). Los datos de expansión van acompañados además de perspectivas favorables para la inflación; tendencias de reducción del desempleo; tímidos aumentos de la productividad; y unos primeros pasos en la senda de corrección de deuda y déficit público.
Pero un mismo dato tiene siempre distintas lecturas. El despunte de España y su liderazgo entre los países más potentes (otros como Irlanda, Dinamarca, Lituania, Croacia, Malta o Chipre crecen con más intensidad) responde a que Alemania, Francia e Italia, los auténticos motores económicos, con más peso en el conjunto, están en el furgón de cola. El próximo año, España reducirá en torno a un punto su crecimiento y descenderá varios puestos en el ránking. Por otro lado, la contención de la inflación ha respondido al abaratamiento de la energía y los alimentos, pero ha traído un encarecimiento de los servicios, y todavía cierra 2024 casi un punto por encima del objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo. En cuanto al paro, España mantiene el peor dato de desempleo de la UE, con una tasa del 11,5% en 2024, muy por encima de las medias de la eurozona (6,5%) y de la UE (6,1%), y en los últimos meses la creación de puestos de trabajo se ha ralentizado. Precisamente este hecho, combinado con el incremento del PIB, explica en gran medida el repunte de productividad –menos horas trabajadas generando más riqueza–, y aunque crece (en el tercer trimestre, casi un 3%), lo hace más despacio que nuestros vecinos. Y, finalmente, la senda fiscal para contener deuda y déficit –que aún tardarán años en llegar a sus objetivos– se sustenta sobre una frágil reforma fiscal que plantea grandes dudas al consolidar impuestos populistas como las tasas temporales a las energéticas y los bancos.
No sería justo restar importancia a los datos de crecimiento españoles, pero tampoco debemos dejar que nos deslumbren. Rascando un poco en la composición del Producto Interior Bruto (PIB), se detecta un preocupante déficit de inversión (por debajo del nivel preCovid), con una caída del 0,9% en el tercer trimestre frente a las expectativas de subida del 0,6% de BBVA Research. En contraste, es el consumo público el que tira fuertemente del crecimiento, muy por encima de lo previsto y más también que otros países europeos. Si el PIB es hoy un 5,7% superior a su nivel prepandemia –comparado con un 4,2% en la Eurozona–, se debe sobre todo al consumo público (la parte del gasto de las Administraciones públicas en bienes y servicios gratuitos o a precios no significativos para comunidades, hogares y particulares, como sanidad, educación, información, alumbrado, basuras, medicamentos, protección civil, seguridad o defensa, entre otros, sin computar pensiones, inversión pública, intereses de la deuda, subvenciones o cooperación internacional). Según el centro de análisis Funcas, estas partidas de gasto público explican el 59% del crecimiento acumulado desde 2019, seguido de las exportaciones netas (es decir, exportaciones menos importaciones), que han aportado un 21%; el consumo privado, que solo ha contribuido el 13%; y la “variable más débil”, la inversión, que aporta un 7%.
El sector público aumenta su peso en el PIB
Cierto que los patrones de crecimiento en la UE no han diferido mucho: el consumo público también ha sido el principal impulsor del PIB en otros países, pero en mucha menor medida: mientras aquí ha crecido un 16,8%, en la Eurozona lo ha hecho un 10,3% de media, y el consumo privado progresa con más fuerza fuera (2%, frente al 1,4% en España), y más aún la inversión, que frente al aumento del 1,9% en Europa, aquí tenemos un 1% menos que antes del coronavirus. “El sector público ha aumentado su tamaño en unos 4 puntos sobre el PIB respecto a 2019 –señala BBVA Research–, pero la renta per cápita en 2023 solo superó en 8 décimas su nivel prepandemia”.
No sería justo restar importancia a los datos de crecimiento españoles, pero tampoco debemos dejar que nos deslumbren. Rascando un poco en la composición del Producto Interior Bruto (PIB), se detecta un preocupante déficit de inversión (por debajo del nivel preCovid), con una caída del 0,9% en el tercer trimestre frente a las expectativas de subida del 0,6% de BBVA Research.
JOSÉ MANUEL BURGUEÑO, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA IFORMACIÓN
El informe de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) ahonda en este desajuste español: en 2023 fuimos, entre las economías avanzadas, el país con un mayor crecimiento del consumo público (5,2%), frente a un avance promedio en los países desarrollados del 1,9% y del 1,2% en la Eurozona, y muy por encima de otras economías como Japón (0%), Reino Unido (0,6%), Francia (0,8%), Canadá (1,6%), Italia (1,9%) o EEUU (2,6%). Y la tendencia es que seguiremos liderando este ránking al menos dos años más, en los que todavía más que duplicaremos los incrementos previstos en la Zona euro.
Si bien es verdad que estos impulsos contribuyen decididamente al satisfactorio avance del PIB, muchos expertos apuntan que sería deseable que fueran otros componentes más productivos los que tiraran del crecimiento, especialmente la inversión empresarial, todavía un 1,4% por debajo del nivel prepandemia. La patronal de empresarios CEOE se ha mostrado preocupada por la “elevada incertidumbre” manifestada en la inversión, “que sigue siendo la variable más retardada en la etapa de recuperación posterior a la crisis. De continuar esta tendencia, podría suponer una pérdida de competitividad y de potencial de crecimiento para la economía española”. Los países del euro no están mucho mejor: terminan 2024 con una reducción del 1,6%, mientras que España avanza un 2,1%.
Los datos de Eurostat publicados a primeros de diciembre pasado sobre la evolución del crecimiento en la Eurozona apuntaban como los dos principales factores de aumento del PIB en el tercer trimestre de ese año (0,4%) precisamente al consumo privado (0,5%) y la inversión (2%), aportando casi la mitad del aumento en un periodo lastrado por el saldo negativo entre exportaciones (-1,5%) e importaciones (0,2%).
Con todo, el FMI augura un cierto enfriamiento de la economía española en 2025, que dejará la cabeza entre los países avanzados para caer dos posiciones, creciendo casi una tercera parte menos. (El organismo con sede en París no tenía en cuenta los efectos de la dana de Valencia, que el Banco de España estima que restará dos décimas al crecimiento económico del cuarto trimestre. Según la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, el impacto de la riada en la provincia ronda los 22.000 millones de euros, aproximadamente un tercio del PIB total de la provincia.)
Queda el consuelo de que la inflación será menor que la de la Eurozona, algo que no sucede desde 2022 y que indica una mínima recuperación de la competitividad, aunque los precios de los servicios muestran mayor resistencia a bajar en España.
Evolución de la inflación
Hay cierto consenso entre los analistas en situar la tasa de inflación española de 2024 en torno a medio punto por debajo del cierre de 2023 (que fue del 3,4%). La OCDE estimaba en sus últimas proyecciones de diciembre un 2,8%, para moderarse al 2,1% en 2025 y hasta el 2% el año siguiente, muy similares a las estimaciones del Banco de España (2,9% en 2024 –la misma previsión de Funcas actualizada en septiembre desde el 3,2%–; también 2,1% en 2025 y 1,8% en 2026).
En general, los precios más bajos de la energía (el petróleo Brent se ha abaratado casi un 20% interanual a pesar del conflicto en Oriente Próximo) y los alimentos, y las presiones salariales limitadas ayudarán a esta contención del IPC, aun contando con el encarecimiento de los servicios. No hay que olvidar que el Gobierno decidió antes del verano del pasado año prorrogar la rebaja del IVA a los alimentos esenciales y de incorporar el aceite de oliva a ese grupo, aunque ya en 2025 los impuestos recuperarán sus niveles habituales y cesarán los descuentos en el transporte público. También existe cierta incertidumbre sobre la evolución de los precios de los carburantes, en función de los vaivenes geopolíticos. “La inflación general se mantendrá en torno a los niveles actuales o ligeramente por encima de estos en el tramo final de 2024 y a comienzos de 2025 –explicaban los técnicos de la entidad supervisora–, y retomará su senda de desaceleración a partir de entonces”.
La reducción de déficit se sustenta, más que en ajustes de gastos, en la presión fiscal
La buena noticia per se del retroceso de la inflación viene acompañada de otras también positivas, como el recorte de los tipos de interés, que en septiembre bajaron del 3,75% al 3,5%, tras la reducción desde el 4% en junio. Goldman Sachs auguraba un tercer recorte en diciembre, y el FMI calcula en 100 puntos básicos lo recortado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2024 y 50 puntos en 2025, para que el tipo de interés se sitúe en el 2,5% en junio de 2025, lo que aliviará especialmente a España, donde existe una mayor proporción que en otros países de hogares hipotecados a tipo variable, según ha constatado el BCE.
Asimismo, los trabajadores van a ver aumentar su poder adquisitivo ya que, si se revalorizan los salarios en línea con las recomendaciones del V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para el período 2023-2025 (el 3%), las retribuciones subirán por encima de los precios tanto en 2024 como en 2025. De hecho, ya se ha traducido en mayor capacidad de consumo para las familias, hasta el punto de que, según el think tank independiente EsadeEcPol, el consumo privado “puede tomar la batuta del crecimiento”. El Banco de España sigue considerando “positiva” la evolución de la remuneración por asalariado, pese a su desaceleración (la tasa interanual en el tercer trimestre fue del 4,8% frente al 6% de 2023). Aun así, el aumento de poder adquisitivo no permitirá recuperar lo perdido en años anteriores, especialmente cuando en 2022 la inflación promedio en España llegó al 8,4%, casi seis puntos más de lo que subieron los sueldos.
Empleo y productividad
El desempleo, aun con las coyunturas más favorables, es el eterno problema para todos los Gobiernos españoles sean del signo político que sean. Aunque el diferencial entre nuestra tasa de paro (11,5%) y la de la UE (6,1%) se está recortando, sigue casi duplicándola, y las últimas propuestas del Ejecutivo de coalición –reducción de la semana laboral, aumento del coste del despido y nuevas alzas del salario mínimo– no van en la dirección de lo que recomienda el FMI para reducir la tasa de desempleo. No obstante, el Gobierno es optimista y prevé cercenar la tasa de paro en dos o tres puntos porcentuales antes de terminar 2027 y situarla en torno al 8%, según anunció Carlos
Cuerpo, titular de Economía, en la Asamblea anual del FMI de octubre de 2024. Sus armas: la reforma laboral y la de prestaciones por desempleo, la cual, según Cuerpo, supondrá por sí sola un recorte de medio punto.
La OCDE cree que la buena marcha de la economía española permitirá seguir reduciendo el nivel de desempleo al 10,9% en 2025, y hasta el 10,5% un año después. Las perspectivas del Banco de España son ligeramente peores: 11% el próximo año y el 10,7% en 2026. El supervisor financiero cree que hay varios factores que contienen el ímpetu en la reducción: un menor ritmo en la creación de empleo; un aumento de la población por los flujos de inmigración “relativamente elevados”; el envejecimiento de la sociedad española, lo que resta “fluidez” al mercado laboral; y la dificultad para “emparejar empresas y trabajadores” (gente desempleada y sectores con necesidades). La CEOE, por su parte, ha advertido de que la incertidumbre política y regulatoria y el aumento de costes “están lastrando las decisiones de creación de empleo y de inversión”.
En este sentido, la OCDE recuerda que mejorar la eficiencia de la contratación laboral y abordar los desajustes de habilidades ayudaría a aliviar el desempleo estructural e impulsar el crecimiento de la productividad en el país. La productividad ha mejorado en el segundo trimestre del año recién terminado, según destaca el Banco de España, lo que, junto a la ralentización del aumento de salarios mencionado, baja los costes laborales de las empresas, permitiéndolas mantener sus márgenes “relativamente estables” (más bajos en la construcción y más altos en las manufacturas y los servicios de mercados) y en niveles prepandémicos.
En España, la productividad ha sido tradicionalmente otro talón de Aquiles. Los datos positivos conocidos, como el señalado por Fundación BBVA y el IVIE del tercer trimestre de 2024, que registró la mayor subida desde el fin del Covid (el 2,8%), gracias a la desaceleración del empleo y un rápido crecimiento del PIB, no dejan de tener cierto carácter de espejismo. Lo cierto es que, según el informe presentado en diciembre por el Consejo General de Economistas con datos del INE y Eurostat, España ha perdido la carrera de la productividad en la última década: es el quinto país de la UE que menos avanza desde 2014, con un aumento medio anual de apenas el 0,4%, la mitad de la media comunitaria.
Para los economistas, el panorama es “preocupante”, igual que para la agencia de rating Moody’s, que explicaba en septiembre pasado que ”el crecimiento de la productividad de España es más lento que el de sus homólogos, debido a un menor gasto en I+D en comparación con la media de la UE (1,4% del PIB frente al 2,2% del PIB en 2022) y una flexibilidad limitada en la estructura de producción y la asignación de recursos del país”. Precisamente la agencia internacional líder decidió en aquel momento mantener su calificación de solvencia para España, inamovible desde 2018 en Baa1, equivalente a un aprobado (a siete niveles del máximo), por dos motivos principales: “la exposición al riesgo político” y la “elevada deuda”.
Cómo gastar sin endeudarse
Todos los Gobiernos presentan en la Comisión Europea un plan de contención de déficit y deuda, y en realidad siempre ocurre algo para que ninguno pueda cumplirlo. Ahora, el Plan Fiscal y Estructural del Gobierno Sánchez avalado ya por Bruselas es el más austero desde que el PSOE está en el poder, pero no roza el ansiado déficit cero en las cuentas públicas, ni en dos legislaturas. Si todo se cumple, caerá al 0,8% en 2031, mientras la deuda no bajará del inquietante 100% del PIB antes de 2027 –muy lejos aún del listón europeo del 60% para considerar saneada la deuda de un país miembro, que ni en 2041 (aún por encima del 75%) se alcanzaría–, pese a que tras las revisiones del INE ronda hoy el 105%.
El Plan prevé reducir el déficit público del 3% estimado para 2024 al 2,5% en 2025; 2,1% en 2026; 1,8% en 2027 y hasta un 0,8% en 2031, año en que la deuda debería consolidarse por debajo del 100% del PIB, al tiempo que el gasto público aumentará en torno a los 6.000 millones por ejercicio. La deuda pública bajaría del 102,5% del PIB de 2024 al 98,4% en 2027 y 90,6% en 2031. Las previsiones del Banco de España, sin embargo, son algo menos optimistas: déficit sobre PIB del 3,3% en 2024; el 3,1% en 2025 y el 3,2% el año siguiente. El empeoramiento se debe a dos medidas: el IVA cero para el aceite de oliva, que resta unos 150 millones de euros al año de ingresos fiscales; y la reforma del subsidio por desempleo, que incrementa el gasto porque aumentan las prestaciones y el número de beneficiarios. En cuanto a la deuda pública, el organismo que preside José Luis Escrivá la sitúa en el 105,4% del PIB en 2024 y 2025; y la eleva en 2026 al 106,2%.
Las nuevas reglas obligarán al Gobierno, entre 2025 y 2031, al mayor ajuste del gasto desde que Pedro Sánchez llegó en 2018 a la Moncloa. Pese a ello, el gasto seguirá creciendo a una media del 3% hasta 2031, una cifra similar a la de los últimos años de Mariano Rajoy, pero por encima del 2,7% que recomienda la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La voluntad política sigue siendo elevar todo lo posible el gasto, pero siempre soportándolo con más ingresos, es decir, subidas de impuestos. Es el compromiso incluido en el Plan, ya que este va a ser el nuevo elemento que las instituciones europeas van a vigilar en el marco de las nuevas reglas fiscales: fijar el incremento del gasto que puede soportar cada país, que sea compatible con su reducción de deuda pública. Eso implica que cualquier incremento del gasto público en España que supere el 3% anual en promedio en los próximos siete años se financiará no con más deuda, sino con más presión fiscal.
