A última hora del martes 5 de septiembre se hacía pública la compra de una participación del 9,9% en Telefónica por 2.100 millones de euros por parte de la compañía de Arabia Saudí, Saudi Telecom Company (STC Group). La operadora es líder digital de Oriente Medio y su oferta de productos y servicios de extienden hasta el norte de África.
No obstante, el presidente de STC Group, Mohammed K. A. Al Faisal, ha reconocido que “no tiene intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica” y que esta inversión “refleja la confianza de STC Group en el equipo directivo de Telefónica, su estrategia y capacidad de crear valor”.
Por el momento, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha evitado hacer declaraciones a cerca de la noticia y ha puesto rumbo a Arabia Saudí para reunirse con la cúpula directiva de STC Group.
Después de que el Gobierno reconociera este miércoles que había sido informado el día anterior a que se hiciera pública la adquisición, hoy jueves, fuentes de la Zarzuela han afirmado que el Rey Felipe VI no fue informado de antemano sobre las intenciones de adquisición de Telefónica por parte de la empresa saudí. “En la Casa del Rey no se ha recibido ninguna comunicación por parte de la compañía STC informando de la operación de compra de acciones de Telefónica”, han recalcado las fuentes de Zarzuela a Europa Press.
La Familia Real española ha mantenido tradicionalmente buena relación con la Familia Real saudí, especialmente cuando reinaba Juan Carlos I. Actualmente, y debido a la mala salud del Rey Abdalá bin Abdelaziz, su hijo, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, ostenta el poder en el país de Oriente Medio.
Una adquisición controvertida
Fuentes gubernamentales han indicado que el Ejecutivo va a estudiar en detalle la operación para comprobar si cumple con la Ley de Inversiones Extranjeras y las modificaciones introducidas por el reciente escudo ‘antiopas’.
Según el real decreto aprobado el pasado mes de julio, el Ejecutivo tiene que dar permiso a los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más del 10% de una empresa estratégica cotizada. No obstante, este umbral se rebaja al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, un supuesto en el que las fuentes gubernamentales han reconocido que podría entrar Telefónica.
