Hoy por hoy la mayoría de nosotros tiene un móvil, hablamos de un servicio que ya está considerado como básico y es de uso cotidiano por todos. Valga como botón de muestra la reciente campaña publicitaria de un fabricante de electrónica de consumo en la que se ha podido ver en pancartas y vallas la frase que rezaba También decías que nunca llegarías a tener móvil, ¿a qué esperas?.
Sin embargo, el uso que se hace de algo tan común como el móvil varía sustancialmente en función de las necesidades o preferencias del usuario. No vamos a hablar de números de uso frecuentes o tarifas especiales para aquellas franjas horarias en la que se realizan más o menos llamadas. Nos centraremos en describir prácticas, por suerte poco habituales, que llegan hasta el extremo de incurrir en el uso delictivo, ilícito o fraudulento que podemos hacer con un teléfono móvil. En definitiva, vamos a hablar de aquellos usuarios que tratan de aprovecharse del operador que vende sus terminales y ofrece su red, para conseguir, por ejemplo, reducir el importe de su factura telefónica.
Para empezar, hay que reconocer que la telefonía móvil actual -conocida como segunda generación- se desarrolla a través de las redes GSM, una red relativamente moderna y que nació con unos estándares de seguridad ampliamente probados para garantizar la fiabilidad en el uso del terminal móvil. Pero como ocurre siempre, con el nacimiento de una nueva tecnología, surgen profesionales del fraude que, poniendo a prueba su habilidad, consiguen hacer un uso no correcto de la red GSM y por tanto a las operadoras que a través de la misma, prestan sus servicios.
Lo primero que cabe preguntarse es quién puede estafar a una operadora de telecomunicaciones y por tanto cometer fraude. A diferencia de otros sectores, el de la telefonía móvil sufre de los intentos de estafa casi exclusivamente por elementos externos (clientes y usuarios).
Por ejemplo, cabe pensar en que la propia red de distribución comercial de un operador de telecomunicaciones puede intentar cometer fraude. Esto, en primera instancia, es muy sencillo debido al funcionamiento normal de muchas de las franquicias y tiendas que proporcionan los servicios de un operador (venta de teléfonos móviles, realización de contratos, servicios de garantía y postventa, etc.). Estos establecimientos y sus agentes comerciales perciben comisiones por el número de nuevos contratos conseguidos, de manera que a más clientes dados de alta por mes, tendrán mayores comisiones a percibir. La realidad es que algunos distribuidores notifican cifras superiores a las reales, dando altas ficticias de clientes que no existen, y así engordando el número de altas conseguidas, aumentan sus propios ingresos. La alarma salta en los sistemas automáticos del operador cuando se comprueba la ausencia total de consumo para dichos clientes ficticios en los meses que siguen al alta el supuesto cliente, por supuesto, no genera ningún ingreso para la operadora y se emprenden acciones contra el distribuidor al que se le pagó de forma indebida una comisión.
Como dice el refrán el hombre es un lobo para el hombre y el sector de la telefonía móvil, como muchos otros, no es una excepción a la regla. La competencia entre los propios operadores obliga a que las compañías realicen costosas campañas publicitarias, y a la puesta en marcha de políticas agresivas como la subvención parcial de terminales. Esta práctica consiste en que del coste total de un móvil, la operadora se hace cargo de un porcentaje cada vez mayor, para facilitar a sus clientes darse de alta, o impulsar la renovación de los terminales a bajo precio para el uso de nuevos servicios (por ejemplo, MMS, pantalla a color y los últimos adelantos técnicos). El resultado es que con cada móvil vendido la operadora está realizando un esfuerzo de inversión que espera recuperar a través del consumo en llamadas que haga el cliente que adquiere el terminal. El fraude surge cuando los móviles adquiridos son objeto de reventa. De nada sirve que el móvil esté preparado para funcionar sólo con la red del operador que lo ha subvencionado, puesto que los defraudadores eliminan esa limitación (lo que se denomina liberar el móvil), para su uso con otras redes y compañías, eliminando así el retorno de la inversión para la operadora.
Los operadores, además de preparar sus sistemas para hacer frente entre otras a las situaciones descritas, cuentan con terceras empresas de servicio encargadas de elaborar y gestionar las llamadas listas negras de impagados y morosos. Servicios como el roaming -que permite usar la red de un operador en el extranjero-, acceso a los números 906, son denegados ante la solicitud de un cliente, en virtud de un pasado poco honesto. Por otro lado, los mecanismos de control de la red GSM permite controlar tanto las llamadas internacionales como las llamadas a números con tarifas más elevadas (números denominados Premium que suelen tener los prefijos 906 y 903) sospechosamente largas, para evitar el aumento de esa lista de morosos.
En última instancia, cuando se advierte que un cliente está incurriendo en un uso indebido del teléfono, el operador puede provocar el desvío intencionado de todas las llamadas salientes que se hagan desde ese terminal, de forma que se dirijan a un centro especializado de recepción de llamadas en el que se contacte con el cliente y se valore su desactivación temporal, definitiva u otro tipo de acciones.
Estafas, fraude, picaresca… No importa cómo lo llamemos. La realidad es que el volumen que maneja el fraude cometido por los distintos implicados en el negocio de un operador de telecomunicación puede llegar a representar del 1# al 5# de los ingresos totales anuales. La solución frente a este problema pasa por que las compañías operadoras adopten sistemas de detección antifraude que permita prevenir antes que curar. La modificación de sistemas informáticos resuelve el uso eficaz de las redes móviles, y permite garantizar que no haya pérdidas de ingresos por las inversiones realizadas. Únicamente a través de la erradicación de cualquier tipo de fraude las operadoras de telefonía podrán afrontar las inversiones en nuevas plataformas más desarrolladas -la esperada aparición de los nuevos servicios que ofrecerán los móviles de tercera generación o UMTS-, realizar una bajada generalizada de los precios u ofertar mejor calidad de servicio a los usuarios.
Pablo Rubio, Grupo Delaware.
