Los 37 proyectos que conforman el plan de Modernización de la Cámara Baja pivotan en torno a ocho grandes líneas de actuación. El primero de los puntos hace referencia a la conectividad y movilidad del diputado, persiguiendo la dotación a sus señorías de los medios tecnológicos suficientes para permitir comunicación directa y permanente con sus asesores, asistentes y dirección del Grupo Parlamentario y la propia Cámara.
En este mismo contexto, el Parlamento sin papeles, ya con la puesta en marcha el pasado mes de septiembre del pupitre electrónico, se presenta como uno de los puntos más avanzados, encaminado a un mayor intercambio de información, incluso de modo remoto con seguridad. No obstante, ello implicará una modificación en los procesos de trabajo, sobre todo los relativos a la gestión de las iniciativas parlamentarias; acompañado por el soporte de una nueva plataforma tecnológica.
Así las cosas, resultará más sencillo alcanza una mejor gestión del conocimiento, que se levante sobre la consolidación de la oferta de servicios de información y documentación del Congreso con un modelo integrado y accesible a través de los distintos canales provistos por las tecnologías.
Adicionalmente, una de las máximas perseguidas con esta modernización es favorecer el acercamiento al ciudadano, de manera que se faciliten los canales de comunicación con la ciudadanía, asegurando la transparencia de la institución parlamentaria. En este sentido, el Congreso no ha obviado las acciones de comunicación con el fin de promover su imagen institucional.
Por otro lado, los responsables de la iniciativa han convenido la necesidad de una gestión integral de la calidad como perfecto garante de adecuación de los niveles de satisfacción de los servicios prestados por la Cámara a las expectativas de los usuarios. Así, los proyectos de soporte no sólo garantizarán la ejecución del Plan de Modernización según lo previsto, sino que favorecerá un uso y aprovechamiento óptimos de sus servicios.
Desde el punto de vista informático, tanto el sistema de gestión de bases de datos, como el servidor de aplicaciones, el de páginas web y el entorno de desarrollo se articularán en torno a tecnología IBM, esto es, máquinas de alta disponibilidad corriendo el sistema operativo AIX con procesadores Power5 o superiores y puertos Gigabit Ethernet. En este mismo ámbito, se procederá a la actualización del servidor Bull Escala PL600R, que ejecuta el Unix propietario de IBM. En cuanto al software, se adquirirán nuevas licencias de Oracle, desde su Database 10g como de Application Server 10g o su Internet Developer Suite.
En cuanto al almacenamiento, los planes pasan por desplegar una red SAN heterogénea (RAID 0, 1, 0+1, 3 y 5); de hecho, en la actualidad los servidores de correos se cubren con sistemas EMC Clariion CX200, dos servidores Bull Escala PL240R con software PowerPath de EMC para acceso multipath por doble tarjeta FC a 2 Gb. Asimismo, con el nuevo planteamiento se posibilitará acceso NAS como mínimo de 2 TB- que sustituirá al actual servidor de ficheros del Congreso formado por dos sistemas Bull Express 5800 en cluster W2000.
Para todo este entramado se demanda una cabina con capacidad mínima de 48TB y escalabilidad como poco hasta los 80 TB, además de flexibilidad para conectarse a AIX, Linux y Windows.
Las migraciones de aplicaciones también destacan en el Plan; no en vano la Cámara Baja aún está corriendo versiones 7 de la base de datos Oracle o AIX 4.3. Además, el diez por ciento que representa Windows 2000 en plataforma servidor, deberá evolucionar hacia AIX.
En cuanto a la seguridad firewall (licenciamiento para soportar 1200 direcciones IP), ésta se asienta sobre dos máquinas Intel Xeon a, como mínimo, 3 GHz y 2 GB de RAM, con filtrado tipo statefull, capacidad de NAT (tanto estático como dinámico) y proxys de aplicación (al menos SMTP, HTTP, FTP y TELNET). Para su VPN, conforme a los estándares IKE e IPSEC, deberá contar con un sistema de cifrado como mínimo 3DES y con capacidad de soportar, al menos, 400 conexiones simultáneas. Además, los planes pasan por integrar la PKI en el propio cortafuegos.
Adicionalmente, el servicio de detección de intrusiones y antivirus perimetral se encamina hacia tecnología McAfee 3300 Appliance HW o equivalente para dotar de un sistema doble de alta disponibilidad al antivirus perimetral con los equipos actuales McAfee e500 Appliance HW.
En el lado de la microinformática se procederá a la adquisición de 620 ordenadores personales, con procesador Intel Pentium 4 a 3Ghz o superior. En este punto, la Administración muestra claramente su inclinación por Microsoft al indicar que “se valorará el número de productos o funcionalidades preinstaladas (por ejemplo antivirus, Microsoft Word)”. Tanto es así que las configuraciones para los ordenadores se han determinado de la siguiente manera:
sistema operativo Windows con Microsoft Office Standard/Profesional, SQL Server, antivirus y cortafuegos McAfee y Office Professional Win32 Castellano Lic/SA Pack GOLP (para los 400 Pocket PC).
Además, se compran 400 impresoras láser nuevas, además de otras 75 impresoras láser color; 50 escáneres; hasta 30 ordenadores portátiles (procesador Intel Pentium M a 2.0 GHz o superior y unidad de disco duro de 80 Gb) y 400 PDAs Pocket PC con procesador a 300 MHz.
Por el lado de la electrónica de red, se prevé el suministro de 40 unidades de conmutadores, routers, etc., con el condicionante de su compatibilidad con Ethernet 802.3, bajo 10/100/1.000 baseT y con la infraestructura ya existente, basada en dispositivos Nortel (Passport 8600, Accelar 1200 y BayStack 410, 450 y 470; así como el gestor de red Optivity for Netware Management System).
En el capítulo de firma electrónica, ésta se compone de hasta 1.200 certificados digitales de Clase 2, con estándar X.509 y basados en tecnología PKI con protocolos de sellado de tiempo. Con el fin de aportar mayores garantías de seguridad, el Congreso ha optado por que estos certificados residan en una tarjeta inteligente, tarjeta criptográfica, token o similar.
La Cámara Baja no descarta convertirse en entidad registradora, por lo que la infraestructura habrá de estar preparado para ello, pudiendo emitir los certificados a los usuarios en sus propias instalaciones. La oferta debe incluir el mantenimiento de los certificados y de todo el hardware y software asociado durante al menos dos años (incluido el necesario para seguir operando como entidad registradora).
