España es el segundo país europeo, después de Grecia, con mayor índice de piratería informática. Y es que en nuestro país uno de cada dos usuarios de software lo usa de modo fraudulento. En el año 2000, el 51 por ciento del software utilizado en nuestro país fue ilegal, lo que representó un descenso de dos puntos porcentuales en relación con 1999 y de 23 enteros respecto del ejercicio 1995. Tal porcentaje se coloca 17 puntos por encima de la media europea, área en el que la piratería está cifrada en un 34 por ciento. Europa occidental es, tras Norteamérica, la segunda región del planeta con menores grados de piratería; no obstante afronta el 26 por ciento de las pérdidas globales. Dentro del Viejo Continente, Dinamarca y Reino Unido son los países con menor índice de fraude, con un 26 por ciento, seguido de Alemania, con un 28 por ciento. Por el contrario, son Grecia, país en el que el 66 por ciento del software utilizado es ilegal; España, en donde el fraude supera el 50 por ciento e Italia en donde se sitúa en el 56 por ciento.
Desde el punto de vista económico, la copia y distribución ilegal de software en España provocó unas pérdidas (en beneficio) de 30.500 millones de pesetas, una cantidad que, a nivel europeo, se eleva hasta situarse en 556.000 millones de pesetas y a 11.700 millones de dólares (2,1 billones de pesetas) a escala planetaria (una cantidad 3,5 por ciento inferior al registrado en 1999). Algo que repercute directamente en la creación de empleo y reducción de las contribuciones fiscales, además de frenar la innovación y el desarrollo de nuevos productos.
De acuerdo con un estudio de PricewaterhouseCoopers manejado por Alfons Sort, presidente de BSA en España, si el índice de piratería en España se redujera al 27 por ciento al cierre de 2001 sería posible crear más de 44.000 empleos; el Estado recaudaría 322.300 millones de pesetas más y la facturación del sector de segmento de software ascendería a 943.800 millones de pesetas.
